La otra cara de la campaña: el riesgo de una pelea sin control en la arena digital de las redesPolítica 

La otra cara de la campaña: el riesgo de una pelea sin control en la arena digital de las redes


Fuente: Archivo

Los expertos pronostican una contienda enfocada en la web, pero con menos recursos que en el pasado por el temor a las denuncias judiciales

Aún no sonó la campana oficial de largada, pero la

campaña

presidencial ya comenzó. Y la recaudación para financiar a los

candidatos

, también. Pero a diferencia de la contienda de 2015, cuando la cifra mágica para llegar a la Casa Rosada rondó los US$100 millones, esta vez los equipos avizoran una contienda mucho más “gasolera”, intensa, online y sucia, según anticiparon recaudadores, publicistas, encuestadores y expertos involucrados o que auditan la contienda electoral a LA NACION.

El recorte podría resultar tan drástico que la cifra rondaría hoy el 20% de lo que fue apenas cuatro años atrás, según coincidieron dos de los máximos recaudadores de la contienda presidencial de 2015 ante la consulta, por separado, de LA NACION. “¿Quién va a ponerla? ¡Si el riesgo es tóxico!”, afirmó, lapidario, uno de ellos.

Las causas que explican la merma son múltiples. Entre otras, la recesión económica, la devaluación del peso frente al dólar, algunas reformas legales menores y la combinación de un par de investigaciones judiciales: los cuadernos de la corrupción y “aportantes truchos”.

Así, aunque la reforma electoral que entró en vigor esta semana habilita ciertos aportes empresarios y con limitaciones, el horizonte no aparece prometedor para los recaudadores de campaña.

Entre otros motivos, porque muchos empresarios que aportaron en el pasado se encuentran ahora bajo la lupa judicial o ya integran la lista de “arrepentidos” en la pesquisa que comenzó de la mano del chofer Oscar Centeno. Y muchos de ellos saben que no pueden sacar fondos de sus compañías, cuyos balances también se encuentran bajo revisión. Intentarlo podría complicarlos aún más en los tribunales penales.

Por supuesto, habrá empresarios dispuestos que aportarán, en negro, a ciertas campañas. Entre ellos podrían incluirse algunos que ya están en prisión, no se acogieron al régimen del “imputado colaborador” en las investigaciones que afrontan y podrían estar dispuestos a financiar la carrera de quienes les prometan solucionar sus pesadillas judiciales.

A estos potenciales donantes se sumarán otros que se sienten alineados con los ideales o promesas de algún candidato.

También están aquellos que deseen apoyar a una opción con la esperanza de que derrote a otra que considera peor. O aquellos que acepten correr el riesgo de terminar en una causa penal con tal de ser -o seguir siendo- contratista del Estado, o contar con una protección oficial. Entre ellos, los sindicatos, según deslizaron varios gremialistas a LA NACION.

A esas fuentes clandestinas de financiamiento podría sumarse otro canal tradicional, pero que todo candidato negará hasta la muerte. ¿Cuál? El dinero que puede llegar de otros partidos, en teoría rivales. Pasó en 1995, por ejemplo, cuando el menemismo financió la fórmula radical para restarle votos a su principal contendiente, José Octavio Bordón. Y pasó en 2015, cuando desde Cambiemos financiaron al Frente Renovador y desde el kirchnerismo sondearon, aunque sin suerte, al equipo de Margarita Stolbizer, según relataron miembros de todos esos equipos de campaña a LA NACION.

En ese contexto, ¿cuál es una variante posible para esconder el dinero empresario, sindical o cruzado? Entre otros, los aportes “en especie”.

“Las encuestas pasarán como sondeos de imagen de los productos de la empresa, cuando en realidad están pagando encuestas”, ejemplificó el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi.

“Los carteles en la vía pública se pagan como carteles de la empresa, y andá a chequearlo. Y lo mismo para asesores, consultores, catering, lo que sea. De esta forma se salvan de entregar bolsos en un estacionamiento”, graficó.

A la merma en los aportes empresarios se sumarán, ahora, las secuelas del escándalo de los “aportantes truchos”, que en 2015 abarcó a supuestos donantes de Mauricio Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa. Miles de empleados públicos y beneficiarios de planes sociales que, también en 2017, sirvieron para blanquear el dinero que otros no pudieron o no quisieron declarar como propio.

Las revelaciones periodísticas y las investigaciones judiciales que siguieron tras las campañas de 2015 y 2017 son, hoy, una herida abierta. En particular en las filas de Cambiemos, que llegó al poder con la promesa de erradicar esas prácticas. Por eso en 2019, tanto el oficialismo como los opositores evitarán esos vicios o intentarán otros “trucos”.

Entre esos “trucos”, dos parecen sobresalir. El primero, el abuso de la maquinaria estatal para fines proselitistas. Es decir, el uso distorsionado de la publicidad oficial y otras partidas presupuestarias, de los actos oficiales, de los autos y aviones oficiales, de los call centers, de los pasajes aéreos oficiales, de los locales alquilados por oficinas públicas, de los empleados públicos y mucho más -como la extracción de un porcentaje de los salarios de funcionarios y contratados-, incluidas las reformas de las leyes electorales y el uso de las bases de datos del Estado a favor de los candidatos del partido o coalición gobernante a nivel municipal, provincial o nacional. En otras palabras, prácticas que los politólogos engloban dentro del fenómeno de la “cancha inclinada”.

El segundo truco, muy vinculado al anterior, pasa por financiar las campañas “de abajo hacia arriba” o, dicho de otro modo, de una manera “tercerizada”. Es decir, cuando los candidatos nacionales y provinciales delegan en sus candidatos locales -sean intendentes, concejales, diputados y senadores- el financiamiento de las pintadas, los afiches, los actos y varios rubros más de la campaña que ocurren en las zonas que ellos “controlan”.

Campaña sucia

Atado a la escasez de dinero y las dificultades para blanquear los aportes clandestinos, sin embargo, otro rasgo distintivo de esta campaña presidencial podría resultar su suciedad, difundida por ciertos medios de comunicación -en particular, aquellos en los que sea posible comprar espacios de apariencia periodística- y, más aún, a través de redes sociales y plataformas digitales con nulos estándares de verificación. Por ejemplo, WhatsApp.

Eso es lo que ocurrió en las últimas elecciones de Estados Unidos y Brasil, y en los referendos por el Brexit en el Reino Unido y por el acuerdo de paz en Colombia. Redes sociales como Twitter o Instagram y aplicaciones de mensajería como WhatsApp sirvieron para propagar versiones y rumores falsos -lo que ahora se conoce como fake news y antes como “pescado podrido” u “operaciones”- y tornarlos virales, sin que pudieran detenerlos los candidatos difamados ni las entidades de la sociedad civil o los periodistas.

Ante ese panorama, la Cámara Nacional Electoral promovió un “compromiso ético digital” destinado a “combatir la desinformación en las redes sociales y otros entornos digitales” que este jueves suscribieron una larga lista de convocados. Entre otros, los partidos políticos nacionales; Facebook, Twitter, Google y WhatsApp; la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI); la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA); el Foro de Periodismo Argentino (Fopea); Chequeado; la agencia de noticias Agence France-Presse; la Asociación de Periodismo Digital (APD), y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

“Esperamos una campaña corta y muy intensa, con serios problemas de financiamiento, que va a ser ciento por ciento por las redes sociales y con muy poca publicidad callejera”, resumieron desde la Cámara Nacional Electoral a LA NACION, que preguntó si esperan una contienda sucia. “Eso es una obviedad. Se van a dar con un caño”.

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