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Murió Hugo Céspedes uno de los acusados en el megajuicio por supuesta corrupción

Céspedes estaba imputado y tenía un pedido de condena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua en la denominada causa del Sueño Entrerriano por la contratación de la difusión de spots en medios nacionales con la productora Nelly EntertainmentSA, de Jorge Corcho Rodríguez, el ex de Susana Giménez, que ya solucionó con la Justicia entrerriana su causa y accedió a la suspensión del juicio a prueba.

A Céspedes se le imputó el delito de Negociaciones incompatibles. Durante la audiencia del martes 5, cuando fue identificado por el Tribunal que conforman los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón, contó que se había jubilado, que tenía 63 años y que estaba en tratamiento oncológico, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

Tuvo casi medio siglo de desempeño en la Administración: se desempeñó durante 46 años en el Estado. Fue jefe de Contable del Ministerio de Gobierno con Adán Bahl como ministro y luego director general del Servicio Contable de la Gobernación en la segunda gestión de Urribarri.

Estaba en tratamiento oncológico desde principio de año. Según se supo, a pesar de estar llevar bien esa afección, sufrió una falla cardíaca.

Entre Ríos Ahora consultó a Fiscalía respecto de qué implicancia puede tener el deceso de uno de los imputados en el desarrollo del megajuicio –hoy se hará la sexta audiencia– y se respondió de modo tajante: “No cambia nada”.

Según se informó a UNO, para hoy, después de las 9 se espera la declaración de los primeros testigos citados por fiscalía. Serían tres. No obstante, habrá que esperar para ver si los defensores no realizan algún tipo de planteo.

El abogado defensor José Velázquez utilizó su cuenta en Twitter para despedir a Céspedes. “Hugo Céspedes, te fuiste antes de que la Justicia diga la verdad. Gran persona, compañero y profesional. Acompaño en este momento el dolor de la familia. Sos y serás siempre INOCENTE”.

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Murió Hugo Céspedes uno de los acusados en el megajuicio por supuesta corrupción

Ahora será importante conocer cómo se rediseña la estrategia defensiva con la muerte de Céspedes. Cabe recordar que por enfermedad ya fue apartado del juicio el empresario de Concepción del Uruguay Fernando Montañana.

La causa

La megacausa del Sueño Entrerriano incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia 14 millones de pesos; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge Corcho Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de 27 millones de pesos; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos 4 millones de pesos.

La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el Sueño Entrerriano. En la megacausa están acusados el exgobernador Sergio Urribarri; el titular de la firma El Juego en que Andamos y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; el exministro de Turismo, Hugo José María Marsó; Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ; Hugo Félix Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.

En este caso, para Urribarri la Fiscalía pide 9 años de prisión; para Báez, 8 años de prisión; para Gustavo Javier Tortul, 4 años de prisión; para Hugo Felix Céspedes, 4 años de prisión; Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión; Corina Elizabeth Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Gerardo Daniel Caruso, 4 años de prisión. Además, para cada uno de los funcionarios o exfuncionarios pidieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían cometido con “ánimo de lucro”.

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