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Precio de la carne: industriales proponen que el Estado subsidie a la población de menos recursos

La Unión Industrial de Córdoba (UIC) propuso subsidiar a la población de menores recursos para evitar las restricciones a las exportaciones de alimentos. La iniciativa empresaria, formulada en pleno tironeo entre el Gobierno y los productores agropecuarios por el precio de la carne, consiste en definir un grupo poblacional de menores ingresos que actualmente participan en algunos programas sociales, como la AUH, jubilaciones de menor monto y otros grupos. Y el objetivo sería sustituir parcialmente lo que fue el Programa Alimentar, pero restringido a alimentos que se encarecen por motivos particulares.

En sentido contrario, entidad empresaria que encabeza Marcelo Uribarren (dueño de la fábrica de lavarropas industriales Aloña) propuso “dimensionar” los ingresos fiscales adicionales que el Estado podría recaudar como producto de un “aumento en la producción” generada por la no imposición de restricciones a las exportaciones de esos alimentos.

La UIC difundió un documento en coincidencia con su sexagésimo aniversario, en el cual, además de la propuesta de subsidio a alimentos, sugirió utilizar el pago de los derechos de exportación a cuenta del Impuesto a las Ganancias, así como una reforma del régimen de indemnización por despidos, basada en el sistema de “cuenta individual” para depositar aportes a cada trabajador.

En cuanto a la propuesta, no está enfocada en la carne en particular sino “otorgar subsidios a la demanda interna del producto que se exporta, si sus precios en el mercado interno suben en forma considerable”. 

Según el documento, esos subsidios “deberían dirigirse a una porción de la población de menores ingresos, con adecuada focalización, para aliviar el costo de los bienes comprados en el mercado interno, si el impulso exportador elevó sus precios”.

¿A qué población en concreto? En diálogo con Clarín, el economista Marcelo Capello (IERAL), quien intervino en la redacción de la propuesta, señaló que “entrarían las familias de menores ingresos, que actualmente participan en algunos programas sociales, como la AUH. Por supuesto, entrarían las jubilaciones de menor monto y otros grupos de la población”. 

Para compensar ese nuevo subsidio del Estado, los industriales propusieron “dimensionar los ingresos fiscales que podrían generarse, producto de un aumento en la producción debido a la no imposición de restricciones sobre las exportaciones de alimentos, en comparación con los costos fiscales que implique aplicar el subsidio focalizado al consumo de alimentos”.

La UIC también sugirió reformas en los mecanismos de aplicación de las retenciones a las exportaciones, aplicándolos al Impuesto a las Ganancias y también generar mecanismos de devolución frente a compras de bienes y servicios de origen local.

“Una alternativa sería combinar reducciones netas de alícuotas de derechos de exportación (DEX) con pagos de esos DEX a cuenta del Impuesto a las Ganancias y, además, la posibilidad de recuperar una porción de los DEX pagados si se adquieren ciertos bienes y servicios de producción nacional”, señaló la entidad.

Otra de las propuestas de los industriales cordobeses es la modificación del régimen de indemnización por despidos, con la apertura de una cuenta individual para los nuevos contratos laborales y un aporte mensual de la empresa, para eventuales despidos. 

En caso de despido, agrega la propuesta, “el empleador paga la diferencia entre la indemnización que corresponde y el dinero acumulado en la cuenta individual”.

¿Y de cuánto debería ser el aporte a esa cuenta individual? “El aporte propuesto sería a calibrar, bastante inferior al 8%, con un tope en los años de indemnización, a calibrar, y se propone una reestructuración con el seguro de desempleo”, agregó el economista Capello.

La propuesta agrega que el trabajador mantiene a su nombre los ahorros en caso de renuncia, y puede obtenerlo en el momento de la jubilación.

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