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Walter Rolandelli: “No se gestionaron mejores subsidios”

El costo de la tarifa plana de 57,80 se elevó a 72 pesos, lo que representa un aumento del 24%. No acompañaron la resolución los bloques Juntos por el Cambio, Políticas para la República, UCR y PRO.

El concejal de Juntos por el Cambio, Walter Rolandelli, dijo a La Radio de UNO (88.7) La Red Paraná que “el problema es la falta de política” ya que “en Paraná no gestionaron para que ingresen más subsidios”.

En ese sentido comentó que “el 15 de febrero el diputado (Marcelo) Casaretto dijo que iba a aumentar el 40% del subsidios y no se vio reflejado”.

Sobre el funcionamiento del transporte público de Paraná, Rolandelli expresó: “Se necesita una mayor frecuencia, mejores coches y rampas para el acceso de discapacitados”.

concejales

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Rolandelli dijo que desde su bloque habían anticipado en la parlamentaria y en comisión que no iban a votar el aumento: “La empresa nos había dicho que ese precio no le servía y no podían mejorar el servicio”.

Mientras se votaba el aumento en Sala Mayo, donde se desarrolló la sesión, se apostó un grupo de vecinos con carteles y pancartas, para expresar su rechazo al aumento del boleto.

“El concejal (Sergio) Elizar dijo que iban a dialogar con ellos, no sabemos como van a ingresar y cómo lo van a discutir”, expresó Rolandelli.

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Reunión. La semana pasada usuarios y entidades defensoras de derechos protestaron durante la sesión.

Mateo Oviedo (UNO)

“Perjudica a los más desfavorecidos”

Por otra parte, Esteban Rossi, miembro de la Asamblea Vecinalista de Paraná, dijo que “el transporte está siendo utilizado por alrededor de 35 mil paranaenses y es menos del 10% de la población”.

El vecino entiende que “el aumento perjudica a quienes están por debajo de la línea de la pobreza, a quienes compran el pan y la leche de cada día”.

En relación al funcionamiento analizó que “la frecuencia está por encima de los 15 minutos, incluso con 1 hora de demora, no existen las garitas”. Además coincidió con el concejal Rolandelli: “Tampoco están los 16 colectivos con rampas para acceso de discapacitados”.

“Desde el Poder Ejecutivo deben realizar las sanciones correspondientes pero no se hace”, reclamó y entendió que “hay elementos dentro del marco regulatorio que no se cumplen, lo que permitiría dar de baja a la empresa”.

Rossi agregó que el acceso a la movilidad también afecta a los derechos de la salud, trabajo y escuela: “Uno termina llegando tarde o no tiene colectivos cuando se lo necesita”, finalizó.

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