El Tribunal Oral Federal 7, que prepara el juicio oral en que está procesada Cristina Kirchner, rechazó reclamos de esa defensa y la de Roberto Baratta contra la figura legal del arrepentido y la existencia de «presiones» del juez y fiscal instructores.
El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), que prepara el juicio oral de la causa de los Cuadernos de las Coimas, rechazó el pedido del ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner para que se desestimaran su confesión como arrepentido por haber recibido presuntas «presiones» de parte del juez y fiscal de instrucción. Al reclamo de Wagner adhirió el ex secretario de Planificación, Roberto Baratta.
El tribunal, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, no detectó que como parte del trámite judicial, y eso incluye la declaración de Wagner, se observen «violaciones constitucionales a las que la parte se refiere».
«La nulidad propiciada no puede prosperar, ya que la parte (los abogados del empresario) no ha dado cuenta de la omisión de ninguna forma que merezca tal remedio procesal», señalaron los magistrados en el fallo firmado la semana pasada pero conocido en las últimas horas.
«No se desprende con certeza de la presentación si lo que los letrados buscan cuestionar es la celeridad con la que el juez homologó el acuerdo, la veracidad de los dichos de su asistido o su propia actuación profesional en el consentimiento del acuerdo», señaló Méndez Signori en su voto, refrendado por los otros dos jueces.
En cuanto a la maniobra de «fórum shopping», los jueces consideraron que se respetó el principio de juez natural y que por lo tanto no es atendible y en la inconstitucionalidad del artículo 210 del Código Penal, que tipifica la asociación ilícita, el planteo no cita «las normas adjetivas en las que se sustenta».
El juez Méndez Signori recordó que sobre estos puntos ya se expidió la Sala I de la Cámara Federal porteña que sostuvo: “A todos los imputados se les ofrece la posibilidad de arrepentirse, pero ninguno está obligado a hacerlo«.
«Quien opta en este sentido lo hace producto de una decisión libre y voluntaria a cambio de un beneficio futuro (art. 41 del Código Penal)». Además, el futuro beneficio procesal «necesariamente requiere de la corroboración que el juez y el fiscal efectúen en los términos el art. 13 de la referida ley”, como se hizo en la instrucción con otras pruebas, agregó Méndez Signori.
Además, aquella resolución fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal el 30 de noviembre de 2020. Este «dio en aquella oportunidad un extenso tratamiento a los agravios que ahora se formulan y el resolutorio es sin dudas conocido por el incidentista, quien opta por citar únicamente el voto disidente», señaló.
Méndez Signori citó a la fiscal Fabiana Ríos quien recordó que: “Trece días después del acto de homologación, Wagner volvió a ser indagado. Declaró, respondió preguntas y expresamente pidió que sus dichos formen ‘parte de mi declaración como arrepentido’”.
De más está decir que «exceden al análisis que aquí puede realizarse de las alegaciones sobre la promesa de “sortijas” por parte del fiscal instructor» Stornelli, acortó. Como también rechazó que deba anularse la causa porque no se grabó las confesiones con un video, sino que se tomaron con un secretario letrado y el abogado defensor como es tradicional en Comodoro Py.
Finalmente, los tres jueces evaluaron que por el carácter «improcedente» de los planteos las costas del juicio deben ser pagadas por Wagner.
Se trató de otro intento de anular la causa de los Cuadernos de las Coimas en la que está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner como supuesta jefa de una asociación ilícita que recaudó millones de pesos de contratistas del Estado. El primero fue el llamado Operativo Puf contra el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, mientras que el segundo intento es el del empresario Armando
Los letrados representantes de Wagner, Zenón y Federico Ceballos, denunciaron en su presentación tres presuntas irregularidades: una maniobra de «fórum shopping», para dirigir la designación de los jueces a cargo de la investigación; cuestionaron el «acuerdo de colaboración» suscripto por el mismo Wagner y plantearon la inconstitucionalidad del artículo 210 del Código Penal.
Los abogados Ceballos plantearon ante el TOF 7 que «tanto la audiencia de arrepentimiento como la audiencia de homologación constituyeron una grosera ficción que tuvo por único objetivo vincular los dichos de los arrepentidos», en la causa que investiga la cartelización de la obra pública y la existencia de dádivas para obtener los contratos.
En su declaración, el extitular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) de la época de los Kirchner reconoció haber pagado coimas y describió el sistema de las empresas para turnarse y constituir así un «club de la obra pública» que tenía preferencia en las licitaciones.
La defensa de Wagner consideró que el hecho de que su defendido hubiera estado detenido al momento de prestar la «colaboración» fue motivo suficiente para que su declaración estuviera «condicionada y forzada por el deseo de obtener la libertad».
La última novedad del expediente tiene que ver con la certificación de tachaduras y remedos de los cuadernos realizados por el policía retirado de 77 años, Jorge Bacigalupo.
El exagente tuvo en su poder los cuadernos de Centeno, ex chofer de la mano derecha de Julio De Vido, Roberto Baratta, antes de entregárselos a un periodista de La Nación quien, a su vez, los puso a disposición del juez Bonadio y el fiscal Stornelli.