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Solange Musse: un juez pidió investigar si Alberto Fernández tiene responsabilidad en el caso de la joven que murió sin poder ver a su padre

Fue uno de los casos que más conmocionó en la cuarentena: un padre que no pudo despedirse de su hija que se estaba muriendo, por las restricciones impuestas por el Gobierno de Alberto Fernández para circular por el país por el Covid. Ahora, dos empleados públicos de Córdoba tendrán que enfrentar un juicio oral por haber impedido que Solange Musse y su padre pudieran despedirse. Y el juez también pidió que se investigue si el ex presidente y otros funcionarios nacionales tuvieron responsabilidad en la situación.

Solange tenía 35 años y estaba enferma de cáncer de mama. Murió el 21 de agosto de 2020, un mes después de que la primera dama, Fabiola Yánez, festejara su cumpleaños con una fiesta en la Quinta de Olivos. Entonces, nada se sabía de esa celebración que ocurría en la residencia presidencial.

Días antes de que Solange falleciera, cuando su estado ya era irreversible, Pablo, su papá, intentó despedirse de ella. Musse vive en Neuquén y Solange estaba internada en una clínica de Alta Gracia, Córdoba, donde seguía un tratamiento alternativo.

El hombre manejó en auto con su cuñada –que tiene una discapacidad– desde Plottier hasta Córdoba, pero cuando llegaron al límite de la provincia, en Huinca Renancó, los detuvo un control sanitario y les impidió pasar porque el testeo de Covid de Musse había arrojado un resultado “dudoso”. Tuvieron que emprender el regreso.

El juez de Control de Huinca Renancó, Claudio Fabián Mazuqui, elevó ahora a juicio la causa por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Eduardo Javier Andrada, director del Hospital de esa localidad y a cargo del entonces Centro de Operaciones de Emergencia (COE), y la trabajadora social Analía Morales.

En su resolución, el juez también estableció que el Ministerio Público fiscal deberá «extraer copias de las partes pertinentes a fin de continuar con la investigación de otros posibles hechos delictivos, con otros probables autores«.

«El tribunal que resulte competente debería intervenir, conocer investigar y decidir si ha habido la comisión de delito alguno y responsabilidad penal que comprometa al máximo titular del Poder Ejecutivo Nacional, a la fecha de los hechos 16/08/2020, o algún o varios funcionarios públicos y de esta manera poder cumplir y hacer valer esa sentida frase de Solange Musse: “Hasta el último suspiro tengo mis derechos”, expresó el magistrado.

Un caso emblemático

“Quimioterapias y cirugías suspendidas por el tema del Covid-19 y el señor Presidente con su Primera Dama festejando sus cumpleaños. Se nos cagan de risa en la cara”, estalló Pablo Musse cuando se conoció la fiesta realizada en la Quinta de Olivos y el ingreso de visitas al predio en varias ocasiones. “El adiestrador del perro (del Presidente) tuvo más derechos que mi hija”, expresó.

Pero fue la propia Solange quien, antes de morir, había reclamado por esos derechos que el Estado vulneró. «Hasta mi último suspiro tengo mis derechos», escribió Solange de puño y letra en una carta, días antes de morir, una frase que se convirtió en un lema. «Lo que han hecho con mi padre y mi tía es inhumano, humillante y muy doloroso. Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. Quién decide eso si queremos vernos?», expresó.

«Ansiaba ver a mi tía y a mi papá. Estoy muy triste por todo lo que le hicieron a los dos, los trataron muy mal, los maltrataron, hicieron lo que quisieron como si fueran delincuentes. Quiero estar con mi familia y que no sean maltratados por nadie», cerró el texto. Murió sin poder lograrlo.

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