Al igual que en jornadas anteriores, para este miércoles desde las 12 del mediodía, organizaciones sociales, de derechos humanos, de la cultura, estudiantes, sindicatos combativos, asambleas barriales y partidos de izquierda se movilizarán al Congreso y se mantendrán “en vigilia” mientras dure la sesión en la Cámara baja para tratar el proyecto de ley “Bases”.
El referente del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni aseguró que las columnas comenzarán la jornada de lucha frente al Congreso y adelantó que los manifestantes podrían permanecer allí en vigilia “si es que sigue la sesión” durante la noche, según informó Télam.
Como se prevé una sesión parlamentaria de más de 30 horas, desde el PO y la Coordinadora Sindical Clasista (CSC) anunciaron varias actividades durante el día en el marco del “plan de lucha”.
Estas actividades incluyen la convocatoria desde las asambleas del oeste de la provincia de Buenos Aires a partir de las 11.30 para confluir en el Congreso al mediodía, luego a las 17 una radio abierta para terminar a las 20 con una “Vigilia de necesidad y urgencia” encabezada por la Multisectorial Federal de la República Argentina.
Junto a estas organizaciones convocaron los diputados del Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FIT) Romina Del Plá, Gabriel Solano y Néstor Pitrola “para rechazar la ley ómnibus, la complicidad de la oposición y todo el plan de gobierno de Milei”, explicaron en un comunicado.
00.00 José Luis Espert confirmó que se “leerán las modificaciones en la sesión”
El diputado nacional José Luis Espert habló el martes a la noche a la salida del Congreso tras la reunión de labor parlamentaria y dio algunos detalles de cómo será la maratónica sesión en la Cámara Baja. Adelantó que se leerán cuestiones de privilegios, luego discursos de los congresistas y enseguida la defensa del dictamen de mayoría. “Después se van a ir intercalando cuestiones de privilegio con los discursos de los bloques”, explicó y añadió: “Luego será la votación general y veremos si se pasa a un cuarto intermedio y luego sería la votación en particular”.
Consultado sobre el capítulo fiscal dijo: “Hay acuerdo para que, en sintonía con lo que dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, de sacarla de la ley Bases”. Además, despejó dudas sobre la lectura de los cambios y modificaciones en los artículos. “Lo que se va leer seguro son las modificaciones a los artículos, y los artículos que haya acuerdo para su eliminación respecto del dictamen de comisión”, planteó.
El paquete de privatizaciones de 37 empresas públicas será hoy uno de los temas más espinosos durante el debate en el recinto. Si bien el Gobierno accedió a quitar a YPF, así como a una venta parcial de cuatro compañías -Arsat, Nucleoeléctrica y Banco Nación-, todavía hay muchas diferencias con lo estipulado en el texto del proyecto que motoriza el Ejecutivo. Estas discrepancias no sólo se dan en relación con el rechazo a la liquidación de determinadas compañías con un valor estratégico, sino con cómo está está definido el procedimiento. La UCR apunta a evaluar en leyes separadas cada empresa sujeta a privatización y Hacemos Coalición Federal -en sintonía con Innovación- plantea un mayor control en el proceso privatizador y que el dictamen de la bicameral se tenga que aprobar por ambas Cámaras.
Otra discusión ríspida se dará sobre los temas en seguridad. La definición sobre lo que es una manifestación, que el Gobierno determinó como una congregación de más de 30 personas en la vía pública, así como la ampliación de lo que se considera como “legítima defensa” serán objetados no solo por la izquierda y el kirchnerismo, sino también por la UCR y un sector de Hacemos Coalición Federal.
La cantidad de áreas en emergencia por las que se podría facultar al Presidente Javier Milei a recibir poderes especiales será otro de los temas espinosos del debate en el recinto. A pesar de que el Gobierno accedió a reducir de 11 a 6 la cantidad de facultades -entre ellas la previsional- un sector de la oposición solicita que se achique aún más. Fundamentalmente, piden que se quiten la tarifaria y energética. Se consensuó, no obstante, que el período de emergencia será por un año, prorrogable por el Congreso un año más.
LA NACION