SANTIAGO, Chile.- El ataque más grave sufrido por los carabineros desde el retorno a la democracia tiene a Chile hundido en días convulsionados. Si la crisis de seguridad por la ola de delitos ya se había convertido en la principal preocupación del gobierno de Gabriel Boric, el macabro asesinato de tres carabineros, baleados y quemados en el sur del país, dejó en shock a la ciudadanía.
“Es importante en las investigaciones dejar que avancen, toda la información que se entrega es una alerta a los asesinos”, dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalves y añadió que el gobierno interpondrá una querella por los delitos de infracción a la ley de armas y organización criminal a raíz de lo ocurrido la madrugada del sábado en Cañete, en la región del Bío Bío.
“Si logramos construir toda la evidencia para acreditar estos delitos, por lo bajo implica cadena perpetua calificada”, añadió el funcionario, que también anunció que se extenderá el toque de queda en tres comunas de la provincia de Arauco, epicentro del conflicto mapuche, y el lugar que concentra los peritajes.
En medio del impacto nacional por el triple asesinato que también se reflejó en una serie de homenajes y saludos de condolencias a Carabineros en distintos puntos del país, la institución realizó un responso y dispuso de un ascenso póstumo a Carlos Cisterna Navarro, Sergio Arévalos Lobos y Misael Vidal Cid, que fueron ascendidos a suboficiales mayores y cuyos restos fueron entregados a sus familiares.
Además, las pesquisas se intensificaron y se detuvo a tres sujetos en un control cerca de la escena del crimen, aunque no ha habido luces sobre su participación en el ataque. En esa línea, la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, indicó: “No podemos descartar ni solamente concentrarnos en una posibilidad”.
En sentido, han surgido voces que han apuntado directamente a que el hecho fue una suerte de represalia por el desfavorable fallo que recibió el lunes pasado Héctor Llaitul, líder de la CAM (el grupo con nexos directos con la RAM) y que fue condenado por los delitos de usurpación violenta, hurto de madera y atentado contra la autoridad y arriesga 25 años de cárcel.
“Podría serlo y podría ser también un ataque de otra naturaleza donde esté mezclado el crimen organizado”, apuntó Carolina Tohá, ministra del Interior. “Yo creo que está ligado, tengo la sensación”, manifestó Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana.
El clima de tensión sumó otro episodio en el sur del país. Durante el partido de fútbol entre Huachipato y Universidad de Chile por la décima fecha del Campeonato Nacional, los asistentes al estadio CAP de la ciudad de Talcahuano tuvieron que ser evacuados preventivamente luego de que las fuerzas de seguridad recibieran una alerta de bomba cerca de la media hora de juego.
Criterio en entredicho
Con todo y tras las duras críticas de la oposición, el gobierno de Boric se vio obligado por las circunstancias a retroceder en su objetivo de concretar la salida del número uno de carabineros, el general Ricardo Yáñez, que será interrogado el 7 de mayo, en el marco de la investigación que se lleva en su contra por omisión de apremios ilegítimos ocurridos durante el estallido social de 2019.
“En este momento, no puede haber cambios en el mando de Carabineros, porque no puede haber golpes en una institución que está muy golpeada (…) no podemos, al mismo tiempo, hacer un cambio en el mando. No es oportuno”, dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá, ratificando la permanencia de Yáñez en su cargo. Sin embargo, la misma secretaria de Estado había dicho en marzo que, en caso de ser objetos de una investigación, las autoridades tendrían que dejar sus cargos, lo que se denominó en todo el espectro político como “el criterio Tohá”.
“Es una circunstancia muy compleja enfrentar un momento como este con un mando que está con esa otra dimensión abierta y a poco camino en la posibilidad de cambios grandes en la institución”, agregó uno de los pilares del gabinete de Gabriel Boric.
Desde la oposición criticaron con dureza al gobierno y exigieron la permanencia de Yáñez en su cargo. De hecho, el bloque Chile Vamos, que incluye a la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evopoli, exigió la permanencia de Yáñez y poner urgencia al proyecto de ley de amnistía para los miembros de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública implicados en hechos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Todo ello, además de “fortalecer la inteligencia y las reglas de uso de la fuerza”, y mejorar “las protecciones para quienes realizan labores policiales”.
“Se acabó el tiempo de lamentos, anuncios de querella o la típica pelea política. Hoy se deben dar pasos concretos: el general Yáñez no puede salir”, señaló Javier Macaya, presidente de la UDI. En tanto, la alcaldesa de Providencia y la principal carta de la derecha para suceder a Boric, Evelyn Matthei (UDI), fustigó a las autoridades.
“Preocupa enormemente que hay autoridades que están por encima de Carabineros que de alguna manera están socavando el poder de Carabineros y la eficacia con la que pueden actuar”, puntualizó. “La formalización es un mero trámite administrativo que no amerita, en este caso, que se separe de sus funciones, que se les exija que renuncie. A mi juicio, el general Yáñez no debe renunciar y el gobierno no debe pedirle la renuncia”, añadió la política, que lidera las encuestas para convertirse en la próxima gobernante de Chile.