En el contexto de las investigaciones sobre una supuesta red de prostitución en el Congreso, el presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Juan Burgos, pidió que se proporcionen los videos de los pisos 6 y 7 del Edificio del Complejo Legislativo, desde el 1 de julio al 31 de agosto de este año.
“Por el tiempo transcurrido, pido, se convoque a un profesional especializado para la recuperación de dichas imágenes”, dice la misiva, de acuerdo a lo reportado por Carlos Villarreal, de RPP.
En respuesta a su solicitud, el oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno Florez, indicó que, según el jefe de la Oficina de Seguridad, Luis Fernando Reategui, no se podrá atender este pedido porque “solamente se guarda información de los últimos 25 días y los archivos anteriores se van borrando”.
El asesinato de Andrea Vidal, señalada como colaboradora clave en una presunta red de prostitución dentro del Congreso de la República del Perú, ha puesto la atención de la ciudadanía sobre Jorge Torres Saravia, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento. El abogado enfrenta graves acusaciones que lo vinculan con una presunta red de prostitución en el Parlamento, además de un historial de denuncias que incluye un presunto caso de violación en el pasado.
Torres Saravia es abogado egresado de la Universidad Privada del Norte (UPN), y cuenta con una maestría en Educación con mención en Docencia por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y un doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad por la Universidad César Vallejo.
Existe un vínculo con el partido Alianza para el Progreso (APP), habiendo sido colocado en el puesto que ocupaba en el Congreso por parte de la jefa de Recursos Humanos, quien también pertenece al partido.
Previamente, se ha desempeñado en la jefatura de la Oficina de Ejecución Coactiva del Gobierno Regional de La Libertad entre 2015 y 2019, durante la gestión de Luis Valdez, quien asumió el cargo tras la renuncia de César Acuña. Posteriormente, en el periodo legislativo 2020-2021, Torres Saravia también fungió como asesor principal de Valdez en el Parlamento, a pesar de que ya enfrentaba denuncias de abuso.
Entre los antecedentes que pesan sobre Torres Saravia, destacó un incidente ocurrido en febrero de 2014, cuando fue intervenido por la policía en Trujillo bajo la acusación de conducir en estado de ebriedad. Este episodio se suma a una denuncia por violación que, según el medio, está relacionada con un audio que ha salido a la luz recientemente, generando aún más cuestionamientos sobre su conducta.
El caso que ahora lo coloca en el centro de una investigación judicial es la presunta red de prostitución que operaba dentro del Parlamento. Andrea Vidal, quien fue asesinada recientemente, habría sido la encargada de reclutar a las jóvenes víctimas. Su muerte ha sido vinculada a estas actividades ilícitas y ha intensificado las investigaciones en torno a Torres Saravia y su presunta responsabilidad como líder de esta red.
Durante la sesión de fiscalización, la congresista Ruth Luque, de la bancada Bloque Democrático Popular, cuestionó las funciones exactas que realizaba Vida en el despacho que dirigía Torres en el Congreso. A modo de respuesta, el abogado explicó que él hizo el requerimiento del personal de acuerdo al reglamento interno de trabajo del Parlamento.
En ese sentido, manifestó que la joven fenecida estaba encargada de realizar informes que pueden ser solicitados en el legajo de la oficina, y que el personal técnico-administrativo se encargaba de la recepción de documentos, control o búsqueda de información por parte de su jefe o letrado al que estaba asignado.