Juan Manuel Delgado fue designado fiscal General por el exgobernador Juan Schiaretti y su mandato culminará en el 2026. Dice tener un buen diálogo institucional con el actual gobierno a través del ministro de Justicia, Julián López. Pero también señala que hay reproches “injustos”.
Pondera la disponibilidad de recursos para la capacitación y destaca que este año se realizaron 158 actividades, alcanzando a más de 13.000 personas. También subrayó la incorporación de tecnología para la policía científica.
Un punto de tensión es el espacio limitado del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) que depende de la cartera que encabeza López. La ola creciente de inseguridad y la decisión de terminar con la denominada “puerta giratoria” de presos, genera fuerte presión en el sistema carcelario.
A la par, el sistema de flagrancias se demora en su implementación. Permitirá procesos judiciales más ágiles sobre hechos simples de investigar, evitando extensas prisiones preventivas.
—¿Advierte impaciencia del Gobierno provincial por la demora en llevar adelante las reformas que menciona?
—Hablo con el ministro de Justicia (Julián López) que entiende esta problemática, tengo un diálogo institucional muy bueno, nos acompaña en la aprobación de los proyectos.No me guío por sensaciones o sentimientos. Lo veo, lo palpo en hechos concretos. También es cierto que los recursos judiciales son caros y que los procesos llevan su tiempo. Hacemos cambios mientras el flujo de trabajo no para de crecer. Se pueden armar cuellos de botella pero sabemos hacia dónde vamos. Ojalá todo fuera más rápido, pero no lo es.
—¿Le llegan reproches?
–Muchos, porque a veces no damos las respuestas que debemos dar. A veces son justos y a veces son injustos.
—¿Por ejemplo?
—Cuando uno tiene 13.000 causas y una persona demora cinco o seis horas en una UJ o en el Polo de la Mujer, donde se presentan problemas complejos; cuando una víctima espera, le reclama al gobierno y nos llega la queja a nosotros. Hay que explicar que para absorber esa cantidad de trabajo se necesitaría infinidad de recursos. Materialmente es imposible. Hay quejas que son justas porque uno equivoca el camino y otras son injustas porque no se puede absorber la cantidad de demanda. Hay un diálogo franco y de colaboración. Han aprobado una ley que me permite incorporar gente de las Fuerzas Armadas. Es un gran apoyo. Ahora me toca a mí avanzar con eso, pero lleva un proceso de selección, formación hasta el decreto del gobernador que les de estado policial a los efectivos que se incorporen.
—¿Qué significa la incorporación del nuevo adjunto en la Fiscalía General, Alejandro Pérez Moreno?
—Habrá que ver con él donde puede encajar mejor. El MPF no trabaja como compartimentos estancos, sino en equipo.
—¿Qué opina de la creación de un tribunal y fiscalías de Casación, según el proyecto del legislador Agustín Spacessi?
—Las iniciativas legislativas son de las personas que las promueven. No hay que tener miedo de discutir reformas y hay que hacerlo sin prejuicios. Todas las partes que estén involucradas deben emitir una opinión. A nosotros no nos dieron participación.
—¿Se procura recortar el poder del TSJ y de la Fiscalía General?
—No sé si hay un recorte de facultades o más bien redistribución de competencias. No lo sé porque no analicé el proyecto.
—¿Cree que es el momento para poner tantos recursos en una reforma de esa naturaleza?
—No lo decidimos nosotros, son decisiones de la política y la Legislatura.