Los conflictos judiciales por los cambios instaurados durante el último año en el mercado de la medicina prepaga continúan y ahora un fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata revocó otro de primera instancia ante la apelación de una mujer que le debe dinero a su prepaga y, según consta en el expediente al que tuvo acceso Clarín, fue dada de baja.
La prepaga en conflicto con la afiliada es Sancor Salud, una de las más grandes del país. La mujer, identificada como Natalia Scabuso Gómez, de 34 años, argumentó que no pudo seguir pagando la cuota por los aumentos de 2024 y que la baja del servicio se produjo el 12 de diciembre pasado. Reclamó entonces a través de un amparo judicial para poder conservar la cobertura sin pagar la deuda, pero luego sobrevino la feria de enero.
La apelación ante la Cámara tuvo lugar el 6 de enero, tras ser denegado el pedido en primera instancia el día 3. El juez había considerado entonces que no estaban dadas las condiciones legales para habilitar la feria. Sin embargo, ahora los camaristas Alejandro Tazza y Bernardo Bibel consideraron lo contrario.
La afiliada, a través de su abogado, pidió que atendieran su reclamo debido a la urgencia que implicaba la falta de cobertura de salud. “Afirma que la falta de pago obedece a que las sumas requeridas son desmesuradas”, dice el fallo que ahora devolvió la causa al juez de primera instancia para que resuelva la situación de manera inmediata.
El tribunal de alzada justificó su fallo en que “la cuestión excede el campo meramente patrimonial, pues se encuentra en juego la cobertura del servicio contratado, y -con ello- el derecho a la salud de la amparista. Por ello, entendemos que no es prudente demorar el trámite de la presente causa, por lo cual corresponde habilitar la feria judicial en curso (…) para que se resuelva la cuestión pendiente con la celeridad que el caso merece”.
Los criterios para fijar los tiempos de la Justicia no son siempre los mismos, ya que casi en simultáneo con ese fallo, se conoció otro que volcó la balanza en el otro sentido. Se trata de la demanda de una afiliada de OSDE, que se jubiló y pidió habilitar la feria judicial por un amparo para que la prepaga diera continuidad a su cobertura con el mismo plan, pese al nuevo status administrativo.
La Sala de Feria de la Cámara de Apelación Civil y Comercial Federal decidió confirmar el fallo de primera instancia que denegó en este caso la habilitación de la feria judicial solicitada por la demandante, María Fernanda Manavella, en el marco de un amparo. Para los camaristas Florencia Nallar, Guillermo Alberto Antelo y Juan Perozziello Vizier, “la actuación del Tribunal de Feria es excepcional, pues está reservada sólo para asuntos que no admiten demora y por lo tanto, procede cuando la falta de un resguardo o de una medida especial, en un momento determinado, puede causar un perjuicio irreparable por el transcurso del tiempo hasta la reanudación de la actividad judicial ordinaria”.
Prepagas, una hoja de ruta
Los conflictos judiciales entre afiliados y prepagas continúan pese a que a fines de mayo del año pasado el Gobierno firmó un acuerdo judicial con las principales empresas de medicina privada para fijar una hoja de ruta para el sector, que implicó un primer ajuste de las cuotas por inflación y, a partir de julio, la liberación de los precios.
Según los últimos datos del INDEC, luego de la serie de idas y venidas formales del año pasado, las prepagas redondearon durante 2024 un aumento del 226 por ciento (diciembre contra diciembre) en el área metropolitana de Buenos Aires, mientras que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 122 por ciento.
En los últimos meses las empresas empezaron a acercar sus incrementos mensuales a la inflación general, siempre con algunas excepciones. Por lo pronto, OSDE, la prepaga más grande del país y cuyas decisiones son las que mayor impacto tienen en el mercado, anunció que el aumento de febrero será del 2,7 por ciento, el mismo índice que el último IPC conocido.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) realizó un estudio sobre la incidencia de la cuota de la prepaga en el salario formal promedio y tomó como ejemplo el caso de Omint. “En 2013 el gasto en el plan de medicina prepaga Omint analizado insumía el 11 por ciento del salario. Luego, desde 2013 hasta 2019, aumentó a un 19 por ciento. En abril de 2024, la incidencia llegó al 27,5 por ciento”.
Ese parece haber sido el punto más alto. El acuerdo de mayo entre el Gobierno y las prepagas hizo que se modificara el valor de las cuotas, lo que, dado el salario formal de los últimos meses, generó una menor incidencia. En mayo fue del 21,4 por ciento. Luego, cuando el precio del plan fue liberado a partir de julio, la incidencia volvió a trepar y en diciembre llegó al 24 por ciento.
Prepagas y obras sociales, capítulo abierto
Mientras ese escenario de precios ahora empieza a acomodarse, queda por definirse un capítulo todavía abierto: qué pasará finalmente con la triangulación de aportes de los afiliados desregulados. En principio, la decisión de dejar de triangular, por norma, es del beneficiario, pero en las últimas horas creció la versión, anticipada hace una semana por Clarín, de que el Gobierno prepara una resolución para apurar ese cambio.
En el Gobierno están trabajando en el tema y por ahora no informaron novedades al respecto. Desde el sector de las obras sociales están pendientes minuto a minuto de esa cuestión porque para varias entidades una modificación repentina de las condiciones actuales podría significarles un golpe letal. Una fuente del sector aseguró que la intención del Gobierno sería avanzar sobre la actual libertad de opción para acelerar el fin de la triangulación, “pero no encuentran la forma de instrumentarlo”.
Otra fuente fue un poco más allá y aportó el dato de que la idea oficial sería sacar una norma que prohíba tener dos agentes del seguro de salud de manera simultánea, lo que haría que los que hoy triangulan aportes con una obra social pasen automáticamente, de manera directa, a derivar ese dinero a la prepaga. También adelantaron que ya tienen preparada una presentación judicial si llegara a confirmarse una medida de esa naturaleza.
PS