Faltan 12 días para la apertura formal de ofertas de la licitación de la Hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay y la disputa subterránea fomentada por el macrismo en torno a ese proceso sigue siendo uno de los puntos de tensión entre el jefe del PRO y y el gobierno en medio de los chispazos por un acuerdo electoral entre ambos sectores que todavía está lejos de concretarse.
Fue tal el nivel de tensión en los últimos meses en relación a ese tema que desde el propio gobierno ventilaron hacia fin de año, en plena discusión interna con Mauricio Macri, la supuesta intención del ex presidente de avanzar en el control del área a cargo de la licitación de la vía troncal nevegable por la cual pasa buena parte del comercio marítimo. “Mauricio, por décima vez: no te vamos a dar la hidrovía”, apuntaron desde la cuenta de X de la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”, supervisada por Santiago Caputo, el asesor más influyente de Javier Milei que monitorea la licitación. Desde el propio partido liderado por Macri reconocieron en su momento a este medio que había sido Cristian Ritondo, el interlocutor más directo con el consultor, el que acercó una lista de pedidos por parte del ex jefe de Estado que incluía ese rubro.
Lo cierto es que, desde que se fue convocado por el gobierno, el proceso licitatorio siguió su curso, y ahora será la cámara de apelaciones en lo Contencioso Administrativo federal la encargada de definir la apelación de las empresas que en su momento presentó una medida cautelar, resuelta en favor del gobierno por parte del juez Enrique Lavié Pico, a cargo del juzgado 6 de ese fuero.
Se trata de DEME Group, la compañía belga de dragado más grande del mundo que a fin de año pidió mayores plazos y se presentó en la Justicia con una cautelar en la que objetó el proceso. El miércoles 15 de enero, el juez de primera instancia aseguró: “No se advierte del Pliego de Bases y Condiciones -a simple vista- las irregularidades alegadas por la parte actora, como así tampoco la supuesta intención de redireccionar la licitación para, en definitiva, favorecer a la empresa que actualmente presta el servicio de dragado de la vía troncal de navegación, como señala en su presentación”.
DEME, que opera a nivel global, resaltó en la presentación judicial que el proceso de licitación estaba orientado para favorecer a Jan de Nul, la actual operadora de la hidrovía, también con sede central en Bélgica.
Desde el gobierno rechazaron las acusaciones. Cerca de Iñaki Arreseygor, al mando de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación -cercano a los Caputo, en su momento estuvo a cargo de las licitaciones de obra pública del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal- y, por ende, de la licitación, explicaron que la idea es que en el proceso “lleguen al menos dos empresas a competir por precio”.
En Casa Rosada recibieron en su momento con satisfacción la resolución de Lavié Pico. Después de la apelación de DEME, el gobierno volvió a responder en las últimas horas, y ayer el juez envió el expediente a sorteo a cámara, que ahora deberá definir de cara al próximo 12 de febrero, cuando se abran las ofertas.
Anoche, fuentes oficiales resaltaron a este medio que si la cámara contencioso administrativa confirma la resolución del juez de primera instancia, el proceso quedará entonces despejado. Es un fuero en el que pisan fuerte Sergio Fernández y Jorge Morán.
Es que el resto de las empresas interesadas en la licitación que presentaron objeciones lo hicieron a través de recursos administrativos. Por caso, Rohde Nielsen, de Dinamarca, y la holandesa Van Oord. Hubo quejas, además, de la china CCC Shanghai Dredging. Boskalis, también de los Países Bajos, no hizo ninguna objeción formal a pesar de que autoridades de ese país se encargaron de hacerle saber al Ejecutivo que existía alguna discrepancia por la licitación. Según el gobierno, detrás de una de esas compañías europeas podría existir parte del interés de un sector del PRO.
En simultáneo, en las últimas semanas se acumularon además algunas de las inquietudes presentadas por la Bolsa de Comercio de Rosario y la Cámara de Puertos Privados Comerciales. Por ejemplo, la profundidad de las vías navegables. Desde el Gobierno respondieron, en ese sentido, que los estudios proyectados una vez que se adjudique la licitación, en un plazo de cinco a seis años, pasarían de 34 pies a 42 pies navegables.