La fortuna de Cristina Kirchner será peritada por orden de la justicia federal. Afronta, en el presente, un pedido de decomiso de 80.000 millones de pesos en la causa Vialidad (un perjuicio que se afronta de forma solidaria con todos los acusados en el caso), mientras que su última declaración jurada expone un patrimonio de 250 millones de pesos. En el marco de una causa reabierta por orden de la Cámara Federal porteña, se impulsó una pericia contable que se concentra en ocho puntos para determinar si hubo inconsistencia en las declaraciones juradas del período 2009 a 2015.
Al menos tres jueces, en diversas ocasiones, consideraron que no había elementos para que Cristina Kirchner sea imputada por el delito de enriquecimiento ilícito. Las dos últimas causas tramitaron en los juzgados federales a cargo de María Eugenia Capuchetti y Julián Ercolini.
En junio de 2024, por pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, el juez Ercolini archivó una causa que se concentraba en el período 2009-2015, que incluye las presidencias de Cristina Kirchner.
Al impulsar la acción penal -al inicio del caso-, el Ministerio Público Fiscal realizó medidas de prueba tendientes a clarificar la evolución patrimonial de Cristina entre los años 2003 y 2015, como así también las supuestas inconsistencias y omisiones en la forma que su patrimonio fue exteriorizado en sus declaraciones juradas.
Según la fiscalía estas últimas se relacionaron con las firmas Los Sauces y Hotesur, a los bienes del acervo hereditario de Néstor Kirchner, a la firma Austral Construcciones y a la exteriorización de los depósitos a plazo fijo de la ex mandataria.
Cuando se abrió el expediente, se analizaron varios aspectos: las diferencias entre el valor de las acciones de Los Sauces consignadas por Néstor Kirchner y Cristina Fernández en sus respectivas exteriorizaciones; la confusión entre el patrimonio personal de Néstor y Cristina con el de la firma Los Sauces en virtud de las acreencias que los ex mandatarios declararon en el año 2010 con dicha sociedad.
Como tercer punto, se pidió que se haga un análisis ante la posible confusión entre el patrimonio de Cristina y la firma Hotesur en las declaraciones juradas correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013, en las que declaró deudas con la empresa de la que era accionista.
Al respecto se había denunciado una “errónea exteriorización de los bienes y deudas por parte de Cristina Fernández a partir de la disolución de la sociedad conyugal, en tanto no había tenido lugar la partición y distribución de los bienes del acervo hereditario de Néstor Kirchner”.
El fiscal Pollicita después de varias medidas de prueba, concluyó que existían distintos elementos que permitían solicitar el archivo de la causa. Por un lado, sostuvo que de las constancias surgía que el patrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández durante el período 2003 a 2008 ya había sido objeto de investigación y que distintos tribunales del fuero habían dispuesto sus sobreseimientos.
Por ese planteo el caso se archivó, pero la Cámara Federal porteña, a finales del año pasado, hizo lugar a un reclamo de la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa, y ordenó reabrir el caso “respecto a los sucesos acontecidos en el período comprendido entre los años 2009 y 2015”.
Los puntos de la pericia
En respuesta a ese criterio, con la causa delegada en la fiscalía de Pollicita, se ordenó la realización de un peritaje contable que busque determinar si hubo inconsistencias o no, en las declaraciones juradas presentadas por Cristina Kirchner, ante la Oficina Anticorrupción en el período bajo estudio.
Según el documento al que accedió Clarín, el Ministerio Público Fiscal ordenó una pericia contable para dar respuesta a ocho puntos específicos.
Cuando la Cámara Federal porteña reabrió el caso, dijo que era necesario el estudio pericial, “a fin de que un profesional en la materia, proveído de toda la documentación necesaria (declaraciones juradas, escrituras de inmuebles, copias del juicio sucesorio, etc.), proceda a echar luz sobre las inconsistencias y omisiones en las declaraciones juradas aquí denunciadas y, en su caso, determinar las consecuencias impositivas que podrían traer aparejadas”.
Las sospechas a despejar
En su dictamen, el fiscal Pollicita pidió que se analice un conjunto de propiedades a fin de determinar la titularidad, la fecha de incorporación al patrimonio y el carácter propio o ganancial de los inmuebles. Se trata de inmuebles ubicados en la ciudad de Río Gallegos.
Respecto a las propiedades, se consultó sobre una casa ubicada en la capital santacruceña, sobre la calle 25 de Mayo, para “determinar la titularidad, la fecha de incorporación al patrimonio, el carácter propio o ganancial del mismo, así como también, la superficie del inmueble”. Al respecto, se añadió la necesidad de esclarecer “si hubo alguna variación en el valor declarado en el período 2009 a 2015, y en su caso señalar —si hubiere— motivos contables que fundamentan dicha variación”.
La pericia contable, además, debe estudiar dos inmuebles que tienen un común denominador: a Lázaro Báez.
Se trata de un terreno que pertenecía a Austral Construcciones (nave insignia de Báez), sobre el cual Cristina amplió su hotel boutique Casa Patagónica Los Sauces, lindante a su residencia de El Calafate.
Sobre ese inmueble, el fiscal Pollicita pidió que se informe respecto a la titularidad, y la fecha de incorporación al patrimonio, y el carácter del mismo. Hay que recordar que Báez le dio a Cristina en permuta ese terreno, sobre el cual se hizo la obra de ampliación del complejo turístico. Una de las inconsistencias denunciadas es que no se cambió la titularidad del inmueble y que fue declarado tardíamente.
La justicia quiere saber el tipo de bien del que se trata, es decir, si el mismo resulta ser un terreno o si se verifican construcciones, siendo que, en este último caso, “se deberá determinar el valor de las mismas, la fecha de su realización y si el titular contaba con la capacidad económica para la realización de la construcción”.
Un negocio con Lázaro Báez
En ese mismo sentido, la justicia preguntó sobre la titularidad, la fecha de incorporación al patrimonio del terreno ubicado en El Calafate, identificado como Fracción CCXXIII. El 50% de ese terreno fue entregado por la ex presidenta a Báez como parte de la permuta del otro terreno bajo investigación.
Cuando en 2016 Cristina Kirchner cedió todos sus bienes en partes iguales a Máximo y Florencia Kirchner, ese terreno quedó en condominio con Báez y sus hijos.
Pollicita pidió que se detalle si ese inmueble se encuentra debidamente declarado ante la Oficina Anticorrupción en el período 2009 a 2015 y bajo qué titularidad.
La Cámara también puso la mirada en la “errónea” exteriorización de un terreno de 87.000 metros cuadrados sobre el Lago Argentino, El Calafate. La fiscalía había indicado que desde figuraban como copropietarios Cristina y Austral Construcciones del 50% cada uno y que, “pese a ello, la aquí imputada nunca habría declarado el bien a su nombre sino que lo habría hecho a nombre de su cónyuge”.
Ese terreno fue valuado en 2016 en 14.700.000 pesos, en el marco de la causa conocida como la Ruta del Dinero K, donde Lázaro Báez fue condenado por haber lavado 55 millones de dólares.
Los plazos fijos
En este expediente se había denunciado que los plazos fijos y los depósitos en dólares declarados en 2014 en el proceso sucesorio de Néstor Kirchner «no se condecían con lo informado en la Oficina Anticorrupción» desde el fallecimiento del expresidente.
Cuando ordenaron reabrir el caso, los camaristas señalaron que “las inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales de la nombrada se encuentran debidamente acreditadas, tal como lo sostuvo la parte querellante, y dicha circunstancia es -de por sí- una manifestación visible del desequilibrio entre el patrimonio real de aquella y lo efectivamente declarado”.
Por ese motivo, la fiscalía, pidió determinar en relación a los plazos fijos y depósitos de dinero declarados en las presentaciones realizadas por Cristina Kirchner y Néstor Kirchner ante la Oficina Anticorrupción al cierre de cada año —durante el período 2009 a 2015 ambos inclusive—, con “la cantidad, monto y tipo de moneda, especificando si los datos consignados se corresponden con la información proporcionada por las entidades bancarias y con aquella declarada ante el fisco”.
En función de éste ítem de la pericia, se solicitó establecer si los ex presidentes “se desprendieron o incorporaron bajo cualquier acto jurídico, a título personal, bienes inmuebles o bienes muebles registrables durante el período comprendido entre los años 2009 a 2015, ambos inclusive, debiendo en su caso puntualizar fecha de incorporación al patrimonio, monto de la operación, origen de los fondos y capacidad económica para realizar dichas operaciones”.
El recorrido de la fortuna cuestionada
El patrimonio de Cristina Kirchner fue foco de diversas investigaciones y, como señaló el fiscal Pollicita, hay hechos de lavado de dinero corroborados y atribuidos a la ex presidenta a través de diversos negocios con su ex socio comercial, Lázaro Báez.
En diciembre de 2015, cuando dejó la Casa Rosada, la ex mandataria ostentaba un patrimonio de 77 millones de pesos. Su incremento -según sus declaraciones juradas- fue sólo resultado de la gestión pública, del desarrollo inmobiliario familiar y de las firmas hoteleras. Estos dos últimos rubros, fueron -tiempo después- cuestionados por la justicia por haber sido utilizados “como pantallas para simular fondos de origen espurio”.
Meses después, con el primer llamado a indagatoria por corrupción, Cristina entregó todos sus bienes en parte iguales a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Allí comenzaron las primeras declaraciones juradas sin ninguna de las 25 propiedades ni empresas hoteleras, como tampoco aquellos plazos fijos cuestionados por la justicia.
La declaración jurada de 2017 (que corresponde, siempre, al período fiscal anterior) expuso que la ex presidenta tenía un patrimonio de 3.499.043 pesos: menos que el declarado junto a Néstor Kirchner en 2003, cuando llegó a la Casa Rosada.
Sus bienes a fines de 2015 ascendían a 77.303.100,23 pesos: 13 millones más que el período anterior. Sus patrimonio se componía de 26 inmuebles (casas, terrenos fiscales, departamentos) valuados en 15.516.730 pesos.
Hay que recordar que los Kirchner fueron investigados en 2009 porque según sus propias declaraciones juradas de bienes, su patrimonio había aumentado 158% en un año. Entre 2007 y 2008, pasaron de tener bienes, dinero en efectivo y sociedades por 17,8 millones de pesos a acumular 46 millones.
Los números fueron en permanente crecimiento
El período fiscal 2022, cuyas declaraciones patrimoniales se presentaron en julio de 2023, mostraron que la fortuna de Cristina Kirchner pasó de 48 millones de pesos a 118.808.582,05. Equivalen a poco más de 200 mil dólares, cotización blue de aquel año.
Cuando finalizó su mandato como vicepresidenta de la Nación, su patrimonio mostró un notorio crecimiento. Dejó la función pública con un patrimonio de 250 millones de pesos y muy lejos de los 4 millones que declaró cuando asumió la vicepresidencia, en diciembre de 2019.
Aquella fue su última declaración jurada, que recibió la Oficina Anticorrupción de la actual gestión de Javier Milei. Entre sus bienes expuso tener un auto O Km, el usufructo del departamento del barrio de Recoleta y de un terreno de El Calafate, son los bienes de mayor valor, sumado a acciones de Mercado Libre y Apple, entre otras.