El presidente Javier Milei firmó un decreto este martes, mediante el cual designa al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema. Se trata de una polémica decisión, que activó un pleno rechazo por parte de la oposición y abre dos frentes de batalla adicionales, uno con el Senado y otro con el máximo tribunal.
En este marco, volvió a tomar repercusión una advertencia que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, le hizo al jefe de Estado. «La Corte tiene que funcionar, con tres, con cuatro o con cinco integrantes», sostuvo, y añadió que a las nuevas designaciones «las tiene que resolver la Corte en última instancia, si hay cuestionamientos».
Además, la máxima autoridad de la Corte Suprema señaló en aquel entonces —diciembre de 2024, en una entrevista con Carlos Pagni— que existen zonas grises en la política y entre el Poder Ejecutivo y Judicial. «Siempre hay una zona de recíproca incomprensión, porque la política quiere hacer cambios, está en su ADN, y muchas veces se queja de que la justicia frena o demora los cambios, pero la justicia suele cuestionar a la política por lo bajo, porque no se pueden hacer cambios de cualquier manera, sino siguiendo un determinado procedimiento sin afectar determinados derechos», opinó al respecto.
Y, sobre ese tema, concluyó: «Siempre ha habido una línea divisoria que ha estado más o menos clara, y ahora hay zonas grises».
Milei envió los pliegos de Lijo y García Mansilla al Senado en marzo del año pasado para cubrir las vacantes que dejaron Elena Highton en 2021 y Juan Carlos Maqueda en diciembre en la Corte, pero la negociación para conseguir la mayoría de dos tercios —para la cual es clave la bancada peronista— nunca avanzó y la idea de nombrarlos por decreto tuvo idas y vueltas.
El Presidente resolvió finalmente ir por esa vía tras la reunión de Gabinete de este martes por la mañana, aunque hace varias semanas en la Casa Rosada advierten que para el 1 de marzo, cuando el mandatario vaya al Congreso a dar su discurso de apertura de sesiones, Lijo y García Mansilla «van a estar sentados como miembros de la Corte, de una forma o de otra».
Más allá del intento por mostrar fuerza pese a las resistencias políticas y tener a sus dos nominados sentados en el Congreso para la ceremonia, la razón por la que Milei avanza ahora con la designación por decreto es para poder argumentar que la Constitución Nacional lo habilita.
En su artículo 99, la carta magna señala que el Ejecutivo puede «llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso». Para el Gobierno esto implica que Lijo y Mansilla pueden ser nombrados «en comisión» antes del 1 de marzo. Sin embargo, este argumento chocará con objeciones tanto en el Congreso como en la Justicia.
La Corte, el Senado y la oposición: triple batalla para el Gobierno
El primer frente de batalla que se abre con el decreto de Milei está en la propia Corte Suprema que hoy integran su presidente, Horacio Rosatti, su vice, Carlos Rosenkrantz, y el histórico Ricardo Lorenzetti, señalado como quien le llevó al influyente asesor presidencial Santiago Caputo la propuesta de nominar a Lijo.
Fuentes del Senado confirmaron a iProfesional que hasta la semana pasada el juez federal no quería saber nada con ser nombrado por decreto. En la Cámara alta conocen los detalles de la «rosca» en torno a la Corte, no solo porque es allí donde deberá definirse tarde o temprano, sino porque Lijo se ocupó personalmente de buscar los votos para su nominación, aunque nunca llegó a conseguir los 48 que necesita.
Una de las cosas que inquietaba al juez federal es que desde la Corte Suprema trascendió que Rosatti no le tomaría juramento ni a él ni a García Mansilla si Milei los nombra por decreto, de la misma forma que Lorenzetti no los hizo jurar a él y a Rosenkrantz cuando Mauricio Macri los designó por decreto en 2015 y esperó a que el Senado aproobara los pliegos.
Además, para acceder a la Corte Suprema, Lijo debería renunciar a su juzgado y si Rosatti no le toma juramento podría quedarse sin nada. El juez federal habría aceptado finalmente la designación por decreto, que se espera sea publicado este miércoles en el Boletín Oficial. Sin embargo, fuentes al tanto del tema deslizaron a iProfesional que, hasta este martes por la tarde, el juez «no había presentado pedido de licencia ni renuncia».
Mientras tanto, referentes de la oposición, como la referente de la CC, Elisa Carrió, cuestionó duramente al Gobierno por esta decisión. «Desde el punto de vista institucional y republicano, es un verdadero horror. En cuanto a Lijo, es un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional», advirtió.
Otra de las exfuncionarias que se expresó fue la exministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. En esta línea, señaló: «Después de más de 200 años de vida en nuestra república, hoy se constituyó la monarquía: jefatura y representación suprema del Estado ejercidas por una persona a título de rey y/o reina».