El Gobierno festeja que la inflación se desaceleró, pero en los hogares el salario cada mes alcanza para menos días. Esto ocurre porque el poder de compra de los salarios sufrió un fuerte golpe en el primer año de Milei, que profundizó el deterioro de los años anteriores.
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La Junta Interna de ATE Indec calculó que en enero un hogar compuesto por una pareja de 35 años y dos hijos en edad escolar necesitó un ingreso mensual de $1.649.499 para cubrir sus necesidades básicas. Este monto incluye $561.074 destinados a la Canasta Alimentaria Mínima y $1.088.425 para otros bienes y servicios esenciales. Cabe destacar que este cálculo incluye el costo del alquiler, un gasto que no se considera en la canasta de pobreza oficial del Indec. Según el informe, este valor representa el ingreso mínimo necesario para garantizar una vida digna para los trabajadores y sus familias. «Ningún trabajador debería percibir un salario inferior a este monto», enfatizan los trabajadores del Indec.
Esta suma está muy alejada del salario mínimo que en la actualidad es de $ 292.446. Este informe pone en evidencia la desconexión entre los salarios actuales y el costo real de vida, en un contexto donde la inflación y las políticas económicas continúan erosionando el poder adquisitivo de la clase trabajadora.
Saqueo al bolsillo
Según estimó el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), a cada trabajador y trabajadora del sector privado registrado le robaron más de un 1 millón de pesos durante el año pasado y a cada empleada o empleada pública más de 3,3 millones de pesos. De conjunto, hubo un saqueo directo de 19,2 billones de pesos que perdieron los asalariados y embolsó mayormente los grandes empresarios.
Estos datos podrían ser peores si el Indec actualizara la metodología de medición de la inflación que está basada en una canasta de consumo de 2004/2005 y que, hoy, subvalúa el efecto de las subas de las tarifas en los servicios públicos.
En este contexto de pérdida salarial el Gobierno busca imponer un límite a las negociaciones salariales, proponiendo que los acuerdos paritarios no superen un incremento del 1% mensual, cifra que no solo está por debajo de la inflación proyectada, sino que también ignora las pérdidas acumuladas en 2024 y años anteriores.
Mientras los trabajadores no llegan a fin de mes las grandes empresas y los bancos ganaron millones. Es necesario un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales para recuperar lo perdido. Los dirigentes sindicales, en lugar de ceder ante las presiones del gobierno, deberían encabezar un plan de lucha que defienda los salarios y los puestos de trabajo. Esto incluye exigir un salario mínimo que sea equivalente al costo de la canasta básica familiar y que se ajuste automáticamente según la inflación, además de pelear contra los despidos y el ajuste en curso.