El diputado Carlos Alarcón ha denunciado presuntas irregularidades en la compra de combustibles por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a su subsidiaria Botrading. En un contexto de crisis de abastecimiento de combustibles la población enfrenta largas filas en las estaciones de servicio para acceder al carburante. Alarcón exige una investigación urgente sobre posibles sobreprecios en estas transacciones.
En 2023 YPFB pagó aproximadamente 6,47 millones de dólares de más en dos operaciones con Botrading. Una de ellas implicó la compra de crudo argentino a 66,42 dólares por barril y su posterior venta a YPFB a 80,52 dólares. Otra operación de diésel para Beni y Pando presentó un sobreprecio similar, lo que ha generado dudas sobre la necesidad de intermediarios en la importación.
El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, negó que YPFB use intermediarios para importar combustible. Pero, el presidente de YPFB contradijo esta versión en un comunicado oficial, asegurando que YPFB Refinación y YPFB Logística son las únicas accionistas de Botrading. Esta contradicción ha levantado sospechas sobre la transparencia en la gestión del sector.
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La diputada Luciana Campero denunció a Botrading en noviembre de 2023, señalando que esta empresa tiene vínculos con YPFB Internacional y que su registro en Paraguay genera dudas. Campero afirmó que Botrading importó combustibles contaminados con alto contenido de azufre, lo que afecta la salud pública y el medioambiente.
El asambleísta cruceño Zvonko Matkovic también se pronunció sobre el caso, denunciando que en 2023 Botrading compró combustible con sobreprecio y cobró comisiones indebidas. Matkovic criticó que el Gobierno mantenga a Botrading como la única importadora de diésel, calificando la situación como una «extorsión» al sector productivo.
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El Gobierno se ha negado a liberar la importación de combustibles, condicionando el abastecimiento a través de Botrading. Expertos del sector hidrocarburos señalan que desde 2021 se eliminó el sistema de licitaciones públicas, permitiendo a YPFB realizar compras directas. Esta situación habría facilitado que se cometan los hechos ilícitos, al no tener que establecer precios de referencia.
Según el viceministro Adams Hurtado, los productores que consumen más de 5.000 litros de diésel deben pagar precios internacionales, con transacciones a través de Botrading y YPFB Logística. La justificación oficial es que esta medida garantiza el abastecimiento en un contexto crítico.
Sin embargo, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia ha alertado sobre una posible crisis energética. Si no se garantiza el suministro de combustible, podría haber escasez de alimentos y problemas de transporte, afectando la economía nacional. La entidad ha propuesto la libre importación y comercialización de combustibles como solución.
La falta de transparencia en la gestión de los hidrocarburos sigue generando preocupación. Ciudadanos y sectores productivos exigen respuestas sobre el rol de Botrading en la importación de combustibles. La sospecha de sobreprecios y corrupción en estas operaciones es cada vez mayor.
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Alarcón ha propuesto conformar una comisión especial para investigar el caso y determinar si hubo delitos en la creación y operación de Botrading. También se analizará por qué YPFB no adquiere combustible directamente sin intermediarios.
Este caso también podría involucrar a figuras políticas y empresarios con posibles vínculos con Botrading. Se menciona que el gerente de YPFB tenía conexiones previas con la empresa e incluso se han sugerido nexos con familiares de altas autoridades gubernamentales.
Críticos del Gobierno consideran que esta situación es un ejemplo de corrupción institucionalizada. Alegan que las autoridades del régimen priorizan beneficios privados sobre el bienestar de la población. Denuncian que los hidrocarburos han sido manejados de forma ineficiente y poco transparente.
La crisis de combustibles en Bolivia podría agravarse si no se toman medidas inmediatas. Las largas filas en las estaciones de servicio continúan y la incertidumbre crece. Los ciudadanos exigen soluciones efectivas y mayor transparencia en la gestión pública.
Las irregularidades en la importación de combustibles y las contradicciones en la información proporcionada por YPFB han puesto en entredicho a las autoridades del régimen. También, si YPFB realmente cuenta con la capacidad de abastecer el mercado. El empecinamiento para forzar la intermediación de Botrading genera más sospechas.