Hace pocos días la conducción de UPCN anunció un ajuste generalizado a las prestaciones de la obra social que abarcan al grueso del personal del Estado a nivel nacional.
El ajuste comprende, por un lado, el cobro de coseguros en la atención médica, y prestaciones básicas inclusive comprendidas en plan médico obligatorio (PMO). Por otro, extorsiona a los trabajadores a afiliarse al sindicato UPCN, en detrimento de los afiliados a otros sindicatos, como ATE, o sin afiliación, ya que podrán atenderse en los sanatorios más importantes de la obra social, por fuera de los centros propios, y obtener descuentos en los coseguros.
Aunque no están claro todos los contornos de la nueva norma, su aplicación de por sí significa que a igual aporte a la obra social corresponderá una “salud de primera” y “otra de segunda” de acuerdo a la afiliación sindical. En general, implica un encarecimiento y degradación de la cobertura médica de la que no se salva nadie. Es un escándalo, por la discriminación, pero también porque constitucionalmente muchas de las medidas directamente son ilegales.
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Hablamos con un trabajador de la Obra Social que nos comentaba que recibieron el anuncio igual que el resto de los trabajadores estatales, y en el mismo momento que la dirección de la Obra Social les avisó que hasta diciembre no hay aumento de sueldos, es decir, más de un año con el mismo. Se ve que UPCN toma los porcentajes de inflación de Milei más en serio que nadie, más papistas que el papa. “Lo que se está viendo es que va a cambiar toda la cobertura médica –no se si van a poder hacer todo– pero se mandaron y es lo que van a tratar de hacer. Para que tengas una idea más general, lo que hay es un cambio muy grande porque pusieron toda una directiva nueva, bien de ajuste, que hace tres meses viene recortando todas las cuentas de la obra social, dilatando coberturas básicas de medicación, etc. Y ahora armaron algo nuevo en la directiva donde pusieron a la esposa de Andrés Rodríguez, es decir, la disposición es a mantener la línea de ajuste, profundizar todo lo que se pueda y poner a la cabeza a la burocracia que hasta el momento no se metían, controlaban pero la directiva tenía cierta autonomía”.
Es evidente el pacto entre el gobierno de Milei y la burocracia sindical de Andrés Rodríguez, de dejar pasar el ajuste en el Estado: con la liquidación de puestos de trabajo y beneficios sociales; con la agravada pérdida salarial –un alto porcentaje de trabajadores estatales se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, con salarios entre 400.00 y 900.000–; y ahora, insólito, el propio sindicato le aplica la motosierra a la obra social.
Mientras que el gobierno sigue atacando, ahora, con el decreto del cierre de organismos como Vialidad o el INTI, en vez de defenderlos, estos burócratas sindicales le meten la mano en el bolsillo a sus propios trabajadores, los deja sin posibilidad de estudios, tratamientos, intervenciones, cirugías, etc. porque muchos no van a poder solventar los “coseguros” o “copagos”. Con descuento por ser afiliado de UPCN o sin él, el costo de la salud aumentó para los estatales de la mano de nuestros dirigentes sindicales.
El fundamento es cínico: el achicamiento de la cuota de la obra social por los bajos salarios que negocia UPCN con el gobierno, persigue también debilitar a los demás sindicatos y lograr mayor afiliación por la vía de la extorsión. Rodríguez no se priva de hacer campaña activamente por Axel Kicillof sobre el pescuezo y la salud de los estatales.
Un dato paradójico es que la motosierra a la obra social llega cuando hace unos meses Andrés Rodríguez llevó a cabo una enorme inversión en la construcción de un nuevo sanatorio en el estratégico Zarate, que otorga atención a estatales y de muchos afiliados de las prepagas de la zona (norte del conurbano, Rosario, San Nicolás, etc.). No le faltaron fondos para inaugurar, con el gobernador Kicillof, el nuevo complejo sanitario que cuenta con una superficie de casi 10 mil metros cuadrados y 500 puestos de trabajo. El también secretario general adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT) remarcó “el esfuerzo de los trabajadores es capaz de levantar una obra de esta envergadura en este contexto de crisis… Con este, ya tenemos cinco sanatorios, cuatro en la Provincia, que están distribuidos estratégicamente”. El sindicalista multimillonario de los estatales, devenido en empresario, en la misma sintonía de Milei, mercantiliza la salud con nuestro dinero.
El recorte de prestaciones no se sabe hasta dónde puede llegar, o hasta dónde lo pueden aplicar, dependerá mucho de la reacción la base de los empleados estatales. Los kirchneristas de la conducción de ATE Nacional solo denunciaron el aspecto discriminatorio del ajuste a la obra social y seguramente presenten algún recurso de amparo para ver si es posible frenar alguna que otra cuestión, pero como se viene viendo no están dispuestos a enfrentar el ajuste de conjunto. Hasta ahora no pasaron de declaraciones testimoniales o de respuestas parciales y separadas unas de otras, cuando Milei está cascoteando al Estado por todos los lados.
En última instancia, la estrategia es igual a la de UPCN: esperar a un “cambio” a partir de las elecciones en 2025, en 2027. A la política de “ataque permanente” de Milei las direcciones sindicales peronistas le oponen la política de la “campaña electoral permanente”. Mientras, Milei dejó en la calle a más 40.000 estatales, logró el cierre de áreas importantes, mantiene con sueldos de miseria y multimpleo, ATE también se viene negando a poner toda la fuerza de las organizaciones y convocar a asambleas para definir un plan al servicio de enfrentar la motosierra en el Estado.
La bronca entre los trabajadores estatales se acumula día a día. Es importante que los trabajadores de todo el país y la opinión pública conozcan la magnitud del ataque de Milei al Estado y ahora de Rodríguez, a través de comunicados, publicaciones en las redes y en los medios. La autorganización puede impedir que la bronca quede en impotencia, como el apoyo a las luchas, empezando por la de los estatales (Vialidad, Inti, Discapacidad, etc); denunciar la pasividad que nos imprimen las direcciones sindicales y exigir: basta de palabras altisonantes, es hora de pasar a los hechos.