El Gobierno nacional presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en el que apoya la apertura de una investigación sobre las circunstancias que permitieron el ingreso del Grupo Eskenazi a la petrolera YPF, durante la etapa previa a su estatización en 2012. La postura fue formalizada en el marco de un expediente impulsado por la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG), que busca intervenir en el litigio que enfrenta actualmente el país por la expropiación de la compañía.
En el documento presentado este lunes, el Ejecutivo solicitó que el reclamo de RA4ARG siga un trámite independiente del proceso principal, donde Argentina busca apelar el fallo emitido en septiembre de 2023 por la jueza Loretta Preska, que condenó al país a pagar u$s16.000 millones al fondo Burford Capital. Según argumenta el Estado, ambos expedientes se basan en fundamentos jurídicos distintos y no deberían ser tratados de manera conjunta.
Juicio por YPF: el Gobierno argentino apoya que se investigue al Grupo Eskenzi
A través del escrito, el Gobierno reafirmó su voluntad de esclarecer posibles hechos de corrupción vinculados a la entrada de Petersen Energía -una firma asociada al Grupo Eskenazi- en la estructura accionaria de YPF, durante los gobiernos kirchneristas. «Argentina ha vivido en carne propia las consecuencias de la corrupción, que no solo afecta casos individuales, sino que erosiona la confianza en las instituciones republicanas y democráticas», señala el texto.
En caso de comprobarse que hubo ocultamiento de pruebas o falsedad en los testimonios de los Eskenazi, el Estado dejó abierta la posibilidad de iniciar gestiones para revertir la sentencia dictada en su contra. Incluso indicó que respaldaría una eventual investigación impulsada por las autoridades estadounidenses.
Sin embargo, el Gobierno también coincidió con Burford Capital -el fondo que financió la demanda y resultó beneficiario del fallo- en que la participación de RA4ARG podría entorpecer el desarrollo del proceso central. Ambas partes ya habían solicitado meses atrás que la jueza Preska rechazara la intervención de la ONG, lo que finalmente se concretó en marzo. RA4ARG apeló esa decisión, y ahora cuenta con 21 días para responder a los planteos tanto del Estado argentino como del fondo litigante.
Paralelamente, la organización pidió suspender la audiencia prevista para fines de octubre, en la que la Corte de Apelaciones debe escuchar los argumentos de Argentina en su intento por revertir la sentencia. Esa solicitud también fue rechazada por las otras partes involucradas.
Mientras tanto, Burford continúa impulsando medidas en el expediente principal. En las últimas semanas, solicitó a la jueza Preska que se le transfiera el 51% del paquete accionario que el Estado argentino mantiene en YPF y que se reconozca legalmente que la empresa y el Gobierno nacional son «la misma entidad», bajo la figura del alter ego, lo que permitiría ejecutar la sentencia sobre activos de la petrolera.
Los Eskenazi y el juicio a YPF: de socios cercanos al poder a un litigio millonario
Entre 2007 y 2009, se registraron más de 50 ingresos de miembros de la familia Eskenazi a la Quinta de Olivos. En aquel entonces, Néstor Kirchner y Cristina Fernández —quien asumió la presidencia en 2007— residían en la casa oficial. Para la fiscalía, esta asiduidad y los créditos millonarios otorgados a los Kirchner por un banco del Grupo Eskenazi podrían haber sido indicios de la cercanía entre ambas familias.
Esa conclusión fue esbozada años más tarde por el fiscal Diego Luciani, en el marco del juicio por corrupción que terminó con una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner, ratificada por la Corte Suprema en junio pasado.
Aunque los negocios de los Eskenazi no fueron eje del juicio, su apellido quedó vinculado a una trama mayor de poder y negocios con proyección judicial e internacional.
De la construcción, al petróleo
La expansión del Grupo Petersen —con intereses en construcción, agro, finanzas y servicios— fue liderada por Enrique Eskenazi, fallecido en enero a los 99 años. De origen santafesino, ingeniero químico de formación y con posgrados en EE.UU., transformó una empresa constructora en uno de los conglomerados privados más grandes del país.
La relación con los Kirchner podría haber comenzado cuando Néstor era gobernador de Santa Cruz y privatizó el banco provincial. La entidad quedó en manos del Grupo Petersen, en una operación que aún genera cuestionamientos por las condiciones favorables al comprador.
Según Luciani, esa misma entidad habría otorgado créditos por más de u$s10 millones a la familia presidencial, y fue el banco donde hizo carrera Lázaro Báez, el empresario acusado de ser testaferro de los Kirchner.
Además, señaló que la constructora Petersen podría haber simulado competencia en licitaciones donde se direccionaban contratos a favor de Báez. Cristina Fernández negó estas acusaciones en el juicio y las atribuyó a una persecución política.
Luego de su muerte, el manejo del conglomerado empresarial quedó en manos de sus hijos: tuvo 5 con su esposa Hazel Sylvia Toni Storey, también fallecida.
Un desembarco millonario en YPF
En 2008, el Grupo Petersen sorprendió al ingresar como socio de Repsol en YPF, comprando un 25% de la petrolera más importante del país por más de u$s3.500 millones. El modo de financiamiento llamó la atención: no hubo desembolso inicial, ya que se habría pactado pagar con dividendos futuros.
Este mecanismo fue considerado «escandaloso» por especialistas como el abogado Juan Javier Negri, espoecializado en fusiones y adquisiciones. Según explicó, «prácticamente compraron sin un centavo«. Aunque diputados denunciaron la operación en su momento, la causa no avanzó en la justicia.
Eskenazi, YPF y el misterio de los u$s5.000 millones
En 2012, el gobierno de Cristina Fernández impulsó la reestatización de YPF. Al comprar el 51% de la empresa a Repsol por u$s5.000 millones, el Estado argentino no lanzó una oferta pública a los demás accionistas, como exigía el estatuto.
Esto dio origen a una demanda internacional en Nueva York, iniciada por el fondo Burford Capital, que compró el 70% de los derechos de litigio a dos compañías del Grupo Petersen declaradas en quiebra. La jueza Loretta Preska falló a favor de los demandantes y ordenó a la Argentina pagar unos u$s16.000 millones. El país apeló el fallo.
Un aspecto no resuelto es quién conserva el 30% restante del litigio contra el Estado. Esa participación tendría un valor cercano a los u$s5.000 millones. Existen versiones que apuntan a que la familia Eskenazi podría haber retenido esa parte, aunque no hay confirmación oficial.
«Hay fundadas sospechas de que la familia Eskenazi retuvo una parte del pleito», plantea Negri. «Si alguna vez recuperan fondos por parte del Estado argentino, podría ser probable que parte de esos fondos terminen de vuelta en la familia».