Es, desde hace más de un año, uno de los temas que más controversia genera entre los economistas: ¿se está generando una «bomba fiscal» por los intereses de deuda que mes a mes se acumulan pero no aparecen reflejados en el resultado financiero oficial? Todos opinaron del tema, pero no se conocía la opinión de uno de los jugadores más relevantes: el Fondo Monetario Internacional. Hasta ahora.
Porque ocurre que, en su último reporte -el que perdona a Toto Caputo por no haber acumulado reservas y le aprueba el nuevo desembolso por u$s2.000 millones- el organismo dio su opinión al respecto, y hasta le puso cifras al problema.
Es una discusión que, aunque no figure en el primer plano del debate por su aridez técnica, es de suma relevancia política, porque pone en duda el logro que más celebra el gobierno: la consecución del superávit fiscal. Tanto es así que, para los más críticos, si se hiciera correctamente la contabilidad, el resultado ya no sería superavitario, sino que ya se estaría en déficit.
Tomando el caso del resultado fiscal de junio, el dato oficial marca un superávit de $551.000 millones, pero cuando se calcula la acumulación de intereses capitalizados -y no pagados- de Lecaps, entonces queda un «rojo» de $5,8 billones. Desde el gobierno y consultoras afines, han fustigado ese argumento, al que ridiculizan por caer, presuntamente, en confusiones conceptuales.
Sin embargo, el FMI sí considera que esos intereses deben ser contabilizados -aunque ajustados por inflación. De manera que, mientras para Toto Caputo esos intereses son igual a cero, para los economistas del Fondo que escribieron el reporte, ya son 2% del PBI.
Como el superávit primario -el de ingresos y gastos corrientes, sin contar pagos de intereses- fue de 0,8% del PBI entre enero y mayo, entonces la conclusión es que el resultado fiscal total es negativo en 1,2% del PBI.
Y deja planteada la duda sobre si en las próximas publicaciones del resultado fiscal el gobierno mantendrá su tesitura o si adoptará el mismo criterio del FMI. No es una disyuntiva inocua: si no cambia, entonces quedará oficializada la contradicción con el argumento del Fondo. Y si cambia, entonces admitirá que no hay un superávit fiscal.
¿Una bomba de Lecaps?
La pelea empezó cuando el gobierno desarmó los pasivos remunerados del Banco Central -los recordados Lebacs, Leliqs y pases a un día-, a los que consideraba una verdadera «bomba» inflacionaria que llegó a representar 10% del PBI. Y, además, argumentaba que esos pasivos ejercían incentivos perversos porque a los bancos les resultaba más convenientes alojar sus pesos sin riesgo y obteniendo una alta tasa, antes que prestarle el dinero a la empresas para que aumentaran su producción.
Fue por eso que desarmó la deuda del Banco Central y la pasó al Tesoro, que cada 15 días sale a absorber pesos y paga una tasa que, en la previsión de Toto Caputo, debería ir en caída, más allá de las turbulencias de las últimas semanas.
Pero la controversia consistía en que las Lecaps, a diferencia de otros títulos de deuda, no paga intereses periódicamente, sino que los capitaliza para pagarlos todos juntos al momento del vencimiento del bono. Entonces, los más críticos empezaron a afirmar que Caputo subestimaba el costo financiero y que el superávit fiscal no era tal. La clave del debate pasa por la diferenciación entre lo «devengado» -gastado pero no pagado- con lo efectivamente ya pagado.
Los argumentos del «costo cero»
Al presentar el informe fiscal cada mes, el gobierno contabiliza en cero esos intereses devengados. Pero los críticos advierten un efecto de bola de nieve. Hablando en plata, afirman que ese interés acumulado pasó desde un nivel de $2 billones en agosto 2024 hasta u$s6,3 billones en junio último.
Y uno de sus principales argumentos era la metodología contable de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que cuenta la acumulación nominal de los intereses y afirma que esa deuda, entre enero y mayo, equivale a 2,9% del PBI. En otras palabras, ni siquiera con un superávit primario récord por el «efecto motosierra» se lograría compensar ese costo financiero.
Desde la vereda de enfrente se ha rechazado ese argumento por afirmar que es un error mezclan el flujo devengado con los pagos reales. La analogía que hacen estos economistas es la de una persona que considere que sus finanzas del mes fueron negativas, porque tiene cuotas con la tarjeta hasta diciembre.
Es por eso que quienes defienden la contabilidad oficial dicen que, si se cuentan los intereses acumulados de las Lecaps, entonces también tienen que considerarse los ingresos futuros a la caja de ARCA y el efecto de la reactivación de la economía.
La postura del FMI implica una situación intermedia entre el gobierno y sus críticos: les da la razón a quienes dicen que sí hay que contabilizar el interés acumulado, pero advierte que esa deuda no puede ser tomada de manera nominal sino que debe ser corregida por la inflación.
Un golpe al discurso oficial
Lo cierto es quee, en un año electoral, la opinión del FMI deja en una posición incómoda al gobierno: con su forma de contabilizar los intereses, les da pie a los opositores que afirman que, en realidad, no hay un superávit fiscal. Es una acusación grave para un gobierno que ha hecho del «ancla fiscal» el pilar de su programa económico.
Un costo financiero de dos puntos del PBI representa hoy una cifra aproximada a u$s1.400 millones. Un número muy grande si se considera que, en medio de la última turbulencia cambiaria, el ministro Caputo se defendió con el argumento de que el Tesoro había comprado u$s1.500 millones para reforzar las reservas.
En definitiva, este informe del FMI implica un test desafiante para el gobierno, ya que necesitaría un superávit primario mayor al 1,6% que se proyectó para fin de año, de manera de no quedar «en rojo» cuando se reste el costo financiero por los intereses de las Lecaps.