En medio de la persecución política a Jair Bolsonaro, el futuro del expresidente brasileño será decidido por una comisión de cinco jueces del Supremo Tribunal Federal (STF), y, según se conoció, tres de ellos fueron designados por el dictador socialista Lula da Silva.
El juicio contra Bolsonaro se lleva a cabo ante la Primera Turma del STF, compuesta por cinco magistrados, y no ante el pleno de once ministros del Tribunal. Debido a esta preocupante medida, la defensa del expresidente intentó sin éxito que el caso fuera juzgado por el pleno, pero la solicitud fue rechazada.
La Primera Turma del STF es el tribunal encargado de enjuiciar y fallar el caso. Los nombres que figuran en la comisión son: Alexandre de Moraes, designado por Temer, Flávio Dino, designado por Lula, Luiz Fux, designado por Dilma Roussef, Cármen Lúcia, designado por Lula, y Cristiano Zanin, también designado por Lula.
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El juicio, armado ilegalmente en base a un falso supuesto «intento de golpe de Estado» por parte de Jair Bolsonaro, ya entró este martes en una fase decisiva en el Supremo Tribunal Federal (STF).
El juicio para proscribir a Bolsonaro
Los cinco magistrados deberán exponer sus votos de manera sucesiva para determinar si el expresidente y los demás acusados son responsables de conspirar con el fin de revertir el resultado de las elecciones de 2022, un proceso que podría derivar en una condena histórica con fuerte impacto en el escenario político del país, ya que se trata de una grave persecución política para proscribir al principal dirigente opositor.
El tribunal fijó audiencias diarias hasta el viernes con la intención de dar un cierre a una causa que mantiene a Brasil profundamente polarizado. La semana pasada ya se habían presentado los alegatos: la Fiscalía, encabezada por el procurador general Paulo Gonet, solicitó la condena de todos los procesados y señaló a Bolsonaro como el supuesto “líder” de la conspiración, mientras que las defensas alegaron falta de pruebas y pidieron la absolución.
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Bolsonaro enfrenta cinco cargos relacionados con el orden constitucional, que podrían implicar una pena de hasta 40 años de prisión. La acusación sostiene que durante la transición presidencial de 2022 armó supuestos «planes» para asesinar a Lula da Silva y a otras autoridades.
También se le atribuye, sin pruebas, un rol central en la coordinación de las protestas del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes se acercaron las sedes de los tres poderes en Brasilia en forma de queja.
El fallo se definirá por mayoría simple entre los jueces Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin. Tras el voto del instructor, será el turno de Dino, Fux y Antunes; finalmente, Zanin, ex abogado personal de Lula, tendrá la responsabilidad de proclamar el resultado definitivo.