LIMA.- El gobierno interino de Perú, comandado por José Jerí, declaró este martes un estado de emergencia en Lima y el puerto del Callao para frenar la ola de violencia y extorsiones atribuidas al crimen organizado. La decisión se dio en el marco de una crisis social que sufre el país latinoamericano y dos semanas después de la destitución de Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral” para ejercer el cargo.
“El estado de emergencia aprobado por el consejo de ministros entra en vigencia el miércoles y por 30 días en Lima metropolitana y el Callao”, dijo el presidente José Jerí en un breve mensaje a la nación transmitido por la televisora estatal. En ambas ciudades viven más de 10 millones de personas.
Bajo el estado de emergencia, el gobierno puede ordenar a las fuerzas armadas salir a las calles para patrullar la ciudad y colaborar con la policía en el mantenimiento del orden. También puede restringir o suspender determinadas libertades públicas, como el derecho de reunión y la inviolabilidad de domicilio.
En su mensaje, que duró menos de tres minutos, Jerí señaló: “Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país. Pero esto se acabó, hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”.
La capital peruana ya estuvo parcialmente bajo estado de emergencia entre marzo y julio pasado, tras el asesinato de un popular cantante de cumbia a manos de sicarios.
La medida es la primera acción de envergadura que toma el gobierno en casi dos semanas que lleva en el poder, en un país que tiene a la inseguridad como una de sus preocupaciones centrales. “Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen, una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos”, indicó rodeado de su gabinete ministerial.
Las autoridades habían adelantado la semana pasada que se implementaría un estado de emergencia en Lima de cara a la violencia del crimen organizado, lo que motivó protestas masivas, que dejaron un muerto a manos de un uniformado y un centenar de heridos entre policías y civiles.
El 15 de octubre, las manifestaciones derivaron en fuertes choques cerca de la sede del Congreso. Miles de personas protestaron ese día contra la inseguridad, el Congreso y el gobierno recién instalado del derechista Jerí.
En tanto, Perú acumula siete presidentes desde que en 2016 estalló una crisis institucional por choques de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso, y sufre desde 2024 un incremento de la violencia urbana. Las denuncias de extorsión pasaron de 2.396 en 2023 a 15.336 en 2024, un aumento del 540%. Según cifras oficiales, Lima encabezó el registro.
Al menos 47 conductores murieron a manos de pistoleros entre enero y octubre de 2025, de acuerdo con Anitra, el principal gremio del sector que agrupa a 460 empresas en Lima el vecino puerto de Callao.
En Perú entre enero y septiembre se han registrado 20.705 denuncias de extorsión un 28,8% más en comparación al mismo periodo de 2024, en el que se registraron 16.075, según la policía. Además, el país recibió 17.519 denuncias en todo 2024.