El ministro de Economía Luis Caputo informó que el sector público terminó el 2025 con un superávit primario equivalente a 1,4% del PBI, por lo que el Gobierno enhebró dos años consecutivos de equilibrio en sus cuentas.
En 2025 el excedente fiscal total, al contabilizar los intereses de deuda, fue de 0,2% del Producto. «Se trata de la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja desde 2008, y la primera de la serie histórica que comienza en 1993 obteniendo dicho resultado cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública», aseguró el ministro.
En términos nominales, se trató de un superávit primario de $ 11.769.219 millones y un superávit financiero de $ 1.453.819 millones. Diciembre fue un mes con las cuentas en rojo por el pago de aguinaldos: cerró con un déficit primario de $ 2.876.450 millones y un déficit financiero de $ 3.290.302 millones, según Hacienda.
«El ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico desde el primer mes de gestión, y que se encuentra cristalizado en el Presupuesto 2026», continuó Caputo, en su cuenta de X. «El orden en las cuentas públicas y el crecimiento económico permitirán continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de reducción de impuestos, que desde 2024 ya alcanzó más de 2,5% del PBI», concluyó.
En comparación con el 2024, el superávit alcanzado por el Gobierno nacional fue levemente menor: en el primer año de mandato libertario había sido de 1,8% en términos primarios y de 0,3% al contabilizar los intereses de la deuda pública.
La meta con el Fondo y la negociación que se viene
El superávit primario que alcanzó el sector público nacional, de esta forma, excedió la meta de 1,3% del PBI que se había planteado, en una primera instancia, en el programa firmado en abril.
De todas formas, estuvo por debajo del objetivo autoimpuesto por Javier Milei: se había comprometido a sostener un ajuste tal que el fisco termine con un excedente equivalente a 1,6% del Producto. El Gobierno se había fijado un resultado más ambicioso que el pactado con el Fondo para mostrarle al mercado su compromiso con el ancla fiscal.
Ese 1,6% del Producto fue adoptado como escenario de base en la última revisión técnica de agosto pasado, aunque en el Palacio de Hacienda aseguran que esa última cifra no conformó un objetivo actualizado obligatorio ante el Fondo sino un compromiso fiscal «extra» del Poder Ejecutivo. «Nosotros nos comprometimos a tener el superávit suficiente para pagar los intereses, es decir, equilibrio financiero», explicó una fuente del Ministerio de Economía.
Para este año, en la primera versión del acuerdo rubricado en abril, el Gobierno se comprometió a acelerar mucho más el ajuste y llevar el superávit hasta 2,2% del PBI, pero en el Presupuesto ese número fue acotado a 1,5%.
Las conversaciones entre Washington y Buenos Aires tendrán que «armonizar» ese umbral mínimo de ajuste. Será tema de negociación dentro de algunas semanas cuando se retome la relación con el Fondo Monetario para la revisión de metas del tercer trimestre del año.
Para Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), «este año tiene varios desafíos fiscales, siendo esperable que el gasto agregado no baje en términos reales y que los ingresos reales tengan un aumento, sin considerar los efectos de la posible sanción de la modernización laboral y de otras medidas que puedan llevarse adelante».
Las bajas de impuestos que el Gobierno incluyó en el proyecto de ley de reforma laboral tendrán un costo para el fisco equivalente a 0,8% del PBI, una proyección privada que en la Casa Rosada admiten.
Los últimos artículos de la reforma girada al Congreso establecen una serie de reducciones impositivas que restarán una tajada de recaudación si el proyecto fuese aprobado.
Entre ellos, una baja marcada de contribuciones que las empresas pagan sobre el salario de sus empleados -al sistema jubilatorio y al de obras sociales-, una poda en el impuesto a las Ganancias corporativo y la eliminación de algunos impuestos internos.
SN