Una nueva resolución del gobierno provincial busca aliviar la carga administrativa y contable de clubes, bibliotecas y centros vecinales, facilitando su regularización a través de trámites digitales.
El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público (DGIPJ y RP), emitió la Resolución Nº 004/26 con el objetivo de fortalecer la participación comunitaria y reducir la carga burocrática sobre las organizaciones sociales.
La norma, publicada en el Boletín Oficial Nº 28.311, establece un marco de alivio administrativo para las Asociaciones Civiles de «Categoría I». El decreto fundamenta la medida en la función social de estas entidades, destacando su rol en la consecución de fines comunes y su contribución al bienestar social.
El punto central de la resolución es la creación de un mecanismo que permite a las entidades que no están al día con sus presentaciones contables regularizar su situación sin los costos de un balance tradicional. Aquellas asociaciones que adeuden periodos anteriores al 2025 podrán hacerlo confeccionando un estado de recursos y gastos conforme a un modelo simplificado (ANEXO I).
Este modelo reemplaza la contabilidad compleja, siempre que la entidad no supere los ingresos brutos de la Categoría “G” del Monotributo. La resolución advierte que en cada cierre de ejercicio se evaluará el nivel de ingresos. En caso de superar el límite establecido, las asociaciones serán consideradas de «CATEGORÍA II» y deberán presentar los estados contables correspondientes.
Para acceder a estos beneficios, las autoridades de los clubes, bibliotecas o centros vecinales deberán realizar una «autodeclaración» en su trámite pre-asambleario, manifestando la categoría a la que pertenecen y sus ingresos brutos anuales.
La medida, impulsada por la gestión de Rodrigo José Luti Guerrero, busca modernizar el control estatal y garantizar que las instituciones pequeñas no desaparezcan por la imposibilidad de afrontar costos contables excesivos. El proceso se realizará a través de un nuevo trámite digital coordinado con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), manteniendo los requisitos de transparencia.