Un proyecto de ley ingresado en el Senado provincial busca crear equipos interdisciplinarios para realizar sensibilización en establecimientos educativos y abordajes territoriales en coordinación con áreas locales.
Un proyecto de ley ingresado el miércoles 15 de abril en el Senado de Entre Ríos propone establecer políticas públicas de apoyo y contención a la salud psicosocial de la población provincial, enmarcadas en la legislación nacional y provincial vigente.
La iniciativa, presentada por el senador del Departamento Villaguay, Juan Pablo Cosso, tiene como uno de sus puntos centrales la conformación de equipos interdisciplinarios especializados en salud psicosocial. Estos equipos, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y del Ministerio de Salud, estarían encargados de realizar instancias periódicas de sensibilización en escuelas primarias y secundarias, así como abordajes territoriales en municipios y comunas, en coordinación con las áreas locales.
Para ello, el proyecto autoriza a los organismos a disponer del personal existente o solicitar contrataciones excepcionales. Asimismo, propone que el Consejo General de Educación establezca una jornada dentro del Calendario Escolar dedicada al cuidado de la salud psicosocial en todos los niveles del sistema educativo provincial.
El senador fundamentó la necesidad del proyecto señalando la brecha entre las necesidades de la población y la capacidad de respuesta del sistema de salud, situación que, según su visión, se ve agravada por restricciones presupuestarias. Destacó que las intervenciones comunitarias de base territorial, combinando sensibilización, detección temprana y derivación oportuna, son estrategias efectivas en contextos de recursos limitados.
El proyecto también contempla el desarrollo de campañas de concientización a través de plataformas digitales y la capacitación prioritaria del personal del sistema de salud, educativo y de la Policía de Entre Ríos en detección temprana y abordaje de situaciones de riesgo.
Para su implementación, se propone una articulación con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), los servicios locales de salud y organizaciones sociales con trayectoria en la materia. El Poder Ejecutivo debería convocar a estas instituciones en un plazo no mayor a 60 días desde la promulgación de la ley.