Desde el ámbito local se expresaron preocupaciones sobre el nuevo proyecto nacional de discapacidad, señalando posibles riesgos en el acceso a beneficios, la continuidad de tratamientos y la situación laboral de las personas con discapacidad.
Un nuevo proyecto nacional sobre discapacidad genera análisis y cuestionamientos desde diversos sectores. La iniciativa contempla modificaciones en los requisitos y controles para acceder y mantener los beneficios, así como cambios en el esquema de prestaciones y su financiamiento. Según las opiniones expresadas, estas alteraciones podrían afectar la continuidad de tratamientos y el funcionamiento de instituciones y profesionales dedicados al sector.
Se advirtió que «los cambios propuestos podrían debilitar la red que garantiza la atención día a día». Estos señalamientos se enmarcan en una situación descrita como crítica para el sector, donde se observa no solo el incumplimiento de normativas vigentes, sino también una vulneración sistemática de derechos. La legislación actual garantiza el acceso a prestaciones, tratamientos y acompañamiento integral para personas con discapacidad.
En la práctica, según los cuestionamientos, el sistema ya presenta dificultades concretas, entre las que se mencionan «demoras en pagos, recortes en prestaciones, trabas administrativas y falta de actualización de aranceles». Esta situación, se indicó, deja a miles de personas sin la atención necesaria.
Otro de los puntos centrales de la discusión apunta a la relación entre empleo y pensiones. Se cuestionó que el esquema propuesto pueda implicar la pérdida de beneficios al acceder a un trabajo formal. «No hay verdadera inclusión posible si al incorporarse al sistema laboral se pierde la pensión», se sostuvo, señalando que esto podría obligar a muchas personas a elegir entre trabajar o mantener un ingreso básico.
Asimismo, se remarcó que la problemática debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos. «Esto no es solamente un tema técnico ni presupuestario. Es una cuestión de derechos humanos», se afirmó, al advertir que cada ajuste o demora impacta directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.
Finalmente, se subrayó la necesidad de garantizar políticas públicas que aseguren la inclusión y la igualdad de oportunidades. «Defender la discapacidad es defender una sociedad más justa», se expresó. (APFDigital)