Ante la crítica situación de salud mental en Entre Ríos, con altas estadísticas de suicidios, el Ministerio de Salud fue interpelado en Diputados. Gremios y organizaciones advierten sobre la necesidad de una declaración de emergencia para agilizar recursos.
El 8 de abril se aprobó en Diputados una interpelación al Ministro de Salud, Daniel Blanzaco, para que brinde un informe sobre estadísticas, políticas de prevención y recursos presupuestarios asignados para abordar la problemática de salud mental en la provincia. La interpelación se concretó este martes por la mañana.
Entre los presentes se encontraban el Secretario de Derechos Humanos de ATE y trabajador del Hospital Escuela de Salud Mental, Matías Passi, y la creadora de la Fundación Crescer, Sandra Cislaghi, quienes ofrecieron su punto de vista tras el debate. Para los sectores gremiales, la crisis no puede separarse del contexto macroeconómico. Passi señaló que «el problema es el gobierno nacional y el alineamiento del gobierno provincial con la Nación en llevar adelante un plan económico de ajuste que genera necesidad en la gente en acceso al alimento, al trabajo, a la vivienda y la educación».
Según el dirigente, este escenario socioeconómico «incrementa la demanda en el sector público por problemáticas de salud mental, ya que la gente no tiene recursos para asistir al sector privado». Passi describió un sistema de salud «frágil, precarizado y con salarios muy bajos», advirtiendo que para abordar la problemática —especialmente en jóvenes— es imposible ignorar las condiciones sociales actuales.
Por su parte, Cislaghi profundizó en la gravedad de las estadísticas que manejan las organizaciones y que, según advirtió, no siempre se reflejan en los datos oficiales. «Entre Ríos está viviendo una emergencia de salud mental gravísima; las cifras son escalofriantes. No podemos naturalizar un suicidio por día en la provincia, ni que el inicio del consumo de drogas comience a los 9 u 11 años», alertó. Cislaghi subrayó que «seis de cada 10 jóvenes entrerrianos tienen síntomas de depresión y ansiedad, y el 40% asegura que no existe un espacio que los contenga dentro de su comunidad. Se sienten abandonados».
Para la fundadora de Crescer, el abordaje debe ser comunitario: «No se puede pensar en salud mental desconectado de la realidad. Hoy hay un dispositivo que no funciona; necesitamos una ley que obligue a la construcción de políticas públicas en el territorio».
A pesar del tono respetuoso de la jornada, la principal diferencia sigue siendo política. Mientras la Mesa por la Salud Mental y los bloques opositores pujan por la declaración de la emergencia para agilizar recursos, el Ejecutivo mantiene el freno. Un dato clave es el consenso alcanzado en la oposición respecto al proyecto de Ley de Emergencia en Salud Mental: la iniciativa fue presentada por el bloque de La Libertad Avanza (LLA) y el justicialismo aseguró que acompañará la propuesta.
«Hay una diferencia clara en la necesidad de la declaración de emergencia, la cual está pedida tanto en diputados como en senadores y no hay aceptación por parte del gobierno de avanzar», concluyó Passi.