La Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la provincia publicó la resolución que habilita la caza deportiva menor para 2026, en un contexto de presiones judiciales y exigencias de participación ciudadana.
La Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos publicó en el Boletín Oficial Nº 28.328 la Resolución que habilita la caza deportiva menor en la provincia. La medida llega luego de un largo proceso judicial en el que organizaciones ambientalistas lograron anular artículos de resoluciones previas por considerarlos inconstitucionales.
El propio decreto reconoce que la apertura de la temporada no es un mero trámite administrativo, sino una respuesta a la presión judicial sufrida en 2023. En sus fundamentos, se recuerda el revés legal frente a la ONG Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), que logró la anulación parcial del Artículo 2° de la Resolución Nº 888/23 DRN, en cuanto habilitaba la caza de especies como perdiz chica, pato bicolor, pato picazo y pato barcino.
Para evitar nuevos amparos, la provincia aplicó el Acuerdo de Escazú, garantizando la participación ciudadana que antes se omitía. Según el documento, se debió «auspiciar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales».
A pesar de la habilitación, el gobierno provincial mantiene vedas en varios departamentos (como Federal y Feliciano) y prohíbe la actividad en Sitios Ramsar. La normativa técnica autoriza para esta temporada «especies de anátidos como susceptibles de caza deportiva menor para la temporada 2026 en una cantidad máxima de 20 piezas totales por excursión», además de seis perdices y cuatro liebres.
El Área Técnica de la Dirección citó informes financiados por la Cámara Argentina de Turismo Cinegético (Catcyc), asegurando que «la tasa de extracción actual no está afectando a las poblaciones estudiadas». El decreto también destaca la importancia económica del sector cinegético, mencionando informes de la Asociación para la Conservación y el Uso Responsable del Ecosistema Entrerriano (Acetra) que sostienen que el sector «genera un fuerte efecto multiplicador sobre las economías locales».
Frente a las críticas por la degradación de los humedales, la resolución introduce una exigencia clave: los cazadores de patos deberán utilizar «el CIEN POR CIENTO (100%) de las municiones de acero u otro material alternativo que no sea contaminante», admitiendo implícitamente el daño histórico del plomo.
Con esta resolución, el Estado entrerriano busca equilibrar el negocio cinegético con las exigencias de preservación ambiental, en un escenario donde la justicia ambiental monitorea de cerca cada decisión oficial.