La diputada nacional entrerriana presentó una cuestión de privilegio en la Cámara de Diputados contra la decisión del Gobierno nacional de privatizar la Vía Navegable Troncal del río Paraná por 25 años.
La diputada nacional entrerriana Blanca Osuna presentó una cuestión de privilegio en la Cámara de Diputados de la Nación contra la decisión del Gobierno nacional de privatizar la Vía Navegable Troncal del río Paraná por un plazo de 25 años. La fundamentación fue realizada a través de un documento titulado «Nuestro río, nuestra historia, nuestra lucha».
Osuna afirmó que la medida implica la entrega de un bien común a corporaciones y capitales extranjeros. «La reciente decisión de Milei y el proceso que culminó en la adjudicación están plagados de irregularidades y de intereses económicos que nada tienen que ver con el desarrollo de la región», declaró. La concesión fue otorgada al consorcio Jan De Nul – ServiMagnus el 20 de junio.
La diputada advirtió que la profundización del dragado de 34 a 44 pies generará consecuencias en el ecosistema fluvial. Según indicó, especialistas, organizaciones ambientales, pescadores y autoridades de localidades costeras señalaron que las obras alterarán la dinámica del curso hídrico, acelerarán la erosión de costas y pondrán en riesgo la biodiversidad, el acuífero Guaraní, los humedales y el acceso al agua potable.
Osuna criticó la eliminación del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina) mediante el Decreto 699/24, y sostuvo que la medida dejó sin participación a Entre Ríos y a las provincias del litoral (Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires). También se refirió al gobernador Rogelio Frigerio, señalando que sus declaraciones expusieron una «ausencia de compromiso en la defensa real de los intereses locales».
El documento destaca que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) emitió un dictamen en mayo de 2024 advirtiendo «graves irregularidades» en el procedimiento licitatorio con posibles consecuencias penales. Entre las anomalías mencionó la falta de una Evaluación de Impacto Ambiental Integral, restricciones al derecho de impugnación y la vulneración del principio de igualdad entre oferentes.
Osuna denunció un cruce de intereses con la intervención de Francisco Mansanta, funcionario designado por la gestión nacional en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), desde donde se adjudicó de forma directa el dragado de ese río a la misma firma Jan De Nul. Mansanta integró la Comisión de Evaluación de la Licitación por el río Paraná.
La exintendenta de Paraná mencionó tres hitos históricos de Entre Ríos: el Túnel Subfluvial (1960), la Ley de Libertad de los Ríos (1997) y el PIECAS-DP (2008). Sobre este último, afirmó que su continuidad no ha sido sostenida por las gestiones de Milei, Frigerio ni Pullaro.
Osuna señaló que se encuentra con vigencia parlamentaria su proyecto de ley para la creación de la Comisión Administradora del Río Paraná, junto con la iniciativa de la diputada Propato para conformar una Comisión de Seguimiento y Control de la licitación. «Delegar el control estatal es resignar capacidad de decisión sobre nuestros recursos y nuestro desarrollo. El río Paraná no es mercancía», concluyó.