La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al denominado «Súper RIGI», un régimen que busca atraer proyectos de gran escala en sectores de alta tecnología e inteligencia artificial. El especialista entrerriano Agustín Goró analizó las implicancias para la región.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en media sanción, con 130 votos a favor, el proyecto de ley conocido como «Súper RIGI». El régimen propone beneficios impositivos, cambiarios y regulatorios por 30 años para proyectos de inversión superiores a mil millones de dólares en sectores de alta tecnología e inteligencia artificial (IA).
Para evaluar el impacto de la norma en el contexto regional, fue consultado Agustín Goró, especialista de la firma Smarteo, dedicada a la implementación de Inteligencia Operacional. Goró afirmó que el valor diferencial de Argentina reside en la capacidad de aplicar la IA a los procesos de negocios locales.
En relación con la magnitud de las inversiones requeridas, Goró declaró: «Entendemos que ya no estamos hablando solamente de desarrollar software o contratar equipos de programadores, sino de construir la infraestructura que va a sostener la próxima etapa de la economía digital». Agregó que «la inteligencia artificial consume enormes cantidades de energía, datos y capacidad de procesamiento. Por eso aparecen inversiones de esta magnitud».
Sobre los mecanismos de amortización acelerada y exención de derechos de importación previstos en la ley, Goró sostuvo: «Lo que hoy es tecnología de punta, en dos o tres años muchas veces ya quedó atrás. Por eso este tipo de beneficios son tan importantes. Cualquier herramienta que permita recuperar esa inversión más rápido o reducir los costos genera una diferencia enorme».
El proyecto incluye un Plan de Desarrollo de Proveedores Locales que exige contratar al menos un 20% de servicios y bienes nacionales. Goró señaló que «nadie conoce mejor la realidad de una pyme de Entre Ríos, de una constructora, de un comercio o de una institución educativa argentina que quienes trabajan todos los días con esos sectores. Ese conocimiento del negocio y de los procesos es una ventaja muy difícil de reemplazar».
En cuanto a la seguridad jurídica, la normativa prohíbe a provincias y municipios aplicar nuevas regalías o cánones administrativos. Goró indicó que «poder disponer libremente de las divisas que genera le da una mayor certeza sobre el retorno de esa inversión y reduce parte del riesgo financiero».
Finalmente, el especialista concluyó que «el objetivo debería ser que toda esa capacidad tecnológica termine generando más productividad e innovación para nuestras empresas e industrias. Ahí es donde la inteligencia artificial deja de ser una promesa y se transforma en valor real para la economía».
El proyecto será girado al Senado para su tratamiento definitivo.