El Gobierno de Entre Ríos, mediante la Resolución Nº 363/2026 de la Secretaría de Trabajo, dispuso una conciliación obligatoria en el conflicto laboral de Granja Tres Arroyos. La medida, que rige por 15 días hábiles desde el 13 de agosto, ordena la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos y el cese de medidas de acción directa.
El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto laboral de Granja Tres Arroyos SA, mediante la Resolución Nº 363/2026 STySS, en el marco de la Ley Nº 14.786. La medida rige por 15 días hábiles a partir de las 14 del jueves 13 de agosto.
La resolución ordena retrotraer la situación al estado previo a la comunicación de los despidos, efectuada desde el viernes 7 de agosto. Se intimó a Granja Tres Arroyos SA a reincorporar de manera inmediata a los trabajadores despedidos desde las 00.00 de ese día y a abstenerse de cualquier represalia contra el personal o la organización sindical.
Por su parte, el sindicato y los trabajadores fueron intimados a dejar sin efecto toda medida de acción directa y a retomar las tareas de manera normal y habitual durante la conciliación. El incumplimiento de lo dispuesto podrá derivar en las sanciones previstas por la normativa laboral vigente.
La Secretaría de Trabajo fijó una audiencia de conciliación para el jueves 20 de agosto a las 12, en su sede de calle Buenos Aires 166 de Paraná, a la que deberán asistir representantes de ambas partes con poder de decisión suficiente.
En paralelo, el gobierno provincial desarrolló acciones de asistencia para los más de 900 trabajadores de Granja Tres Arroyos, cuya actividad está paralizada desde el 26 de mayo. Entre ellas, se entregaron 1.900 módulos alimentarios, se gestionaron 825 solicitudes de subsidios de 200.000 pesos (cuyos pagos ya comenzaron y se ampliarán a 1.075 trabajadores), se otorgó una tarifa social de energía eléctrica para 525 trabajadores durante dos bimestres y se gestionó una prórroga y refinanciamiento de la deuda con Enersa. También se elaboró un protocolo con el Hospital J.J. Urquiza para la atención y provisión de medicamentos a trabajadores con enfermedades crónicas afiliados al STIA, cuya obra social quedó desfinanciada por la falta de pagos de la empresa.