La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos manifestó su rechazo al dictamen de comisión que propone modificar la Ley de Concesiones, habilitando la transferencia de servicios esenciales a terceros.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos expresó su rechazo al dictamen emitido por los diputados del bloque oficialista (Juntos por Entre Ríos) para modificar la recientemente sancionada Ley de Concesiones. Según informó el gremio, la iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo busca habilitar la transferencia a manos privadas o extranjeras de áreas como salud, educación, seguridad pública y administración de justicia.
La modificación propuesta contempla la posibilidad de otorgar concesiones a terceros, sean públicos o privados, nacionales o extranjeros, para la gestión de la enseñanza en todos sus niveles, servicios sanitarios esenciales, protección civil y el sistema penitenciario, entre otras atribuciones.
Comunicado del gremio
ATE emitió un comunicado de prensa en el que expresa su posición institucional:
“Los diputados de Juntos por Entre Ríos rubricaron el despacho de comisión que reforma la recientemente sancionada Ley de Concesiones. La modificación habilita a transferir a manos de terceros públicos o privados, nacionales o extranjeros, actividades y funciones irrenunciables del Estado.
Bajo la excusa de buscar ‘herramientas’ para el Poder Ejecutivo, pretenden entregar a la lógica del lucro mercantilista funciones que la propia Constitución reserva al Estado.
La iniciativa propone concesionar la educación pública en todos sus niveles, salud pública y servicios sanitarios esenciales, seguridad pública y protección civil, servicios vinculados a la administración de justicia y el sistema penitenciario.
El Gremio repudia las expresiones y la actitud de las y los legisladores oficialistas que pretenden naturalizar la entrega del patrimonio público, admitiendo sin tapujos que este proyecto responde a un pedido directo del Poder Ejecutivo y que abren el camino para que capitales privados —incluso extranjeros— pasen a gestionar servicios que deben ser públicos.
La experiencia histórica en nuestro país y en la provincia demuestra que las privatizaciones y concesiones de servicios públicos solo trajeron desempleo, vaciamiento, deterioro del servicio y pérdidas millonarias para el erario público.
ATE llama a la reflexión a la totalidad de las y los legisladores para que detengan este atropello inconstitucional antes de su tratamiento definitivo. Salud, Educación, Seguridad y Justicia no son mercancías, son derechos humanos que el Estado debe garantizar.”
Ante la proximidad del tratamiento del proyecto en el recinto legislativo, las organizaciones sindicales evalúan las acciones a seguir para frenar el avance de la reforma.