El Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER) respondió un pedido de acceso a la información pública con un informe que detalla una sobrepoblación del 16,1% en las unidades penales, una deuda pendiente de la Nación de $271.803.000 y un incremento del 97% en el sistema de videovigilancia.
El Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER) respondió un pedido de acceso a la información pública con un extenso documento en dos partes. La primera describe un proceso de transformación institucional entre diciembre de 2023 y agosto de 2026. La segunda, de más de treinta páginas, contiene anexos técnicos con tablas, gráficos y cifras.
Según el informe, la capacidad edilicia total de las unidades penales es de 2.736 plazas, con 3.176 internos alojados a julio de 2026, lo que representa una sobrepoblación de 440 internos (16,1%). La Unidad Penal Nº 5 de Victoria registra la mayor sobreocupación (39,3%), seguida por la Nº 8 de Federal (34%), la Nº 7 de Gualeguay (26%) y la Nº 1 de Paraná (16,6%). El Anexo Femenino de la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú es la única dependencia con capacidad disponible.
La población penitenciaria creció de 2.540 internos en 2022 a 3.176 en 2026, un aumento acumulado del 25%. La proyección para diciembre de 2026 estima 3.311 internos.
Presupuesto y videovigilancia
El presupuesto asignado al SPER para 2026 es de $11.551.040.000 (0,18% del presupuesto provincial). Al 23 de julio de 2026, el gasto devengado era de $2.681.399.000 (23,2%). El rubro Alimentos concentra el 63,4% del gasto ejecutado.
El sistema de videovigilancia pasó de 180 cámaras en diciembre de 2023 a 355 actualmente, con 200 adicionales previstas. La Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú concentra el 42% de las cámaras (150). El informe indica que no hay contratos con empresas externas de videovigilancia; los centros de monitoreo son operados por personal propio.
Las cámaras fueron adquiridas mediante concurso de precios y compra directa a la empresa Equicred SRL, de Paraná, que también provee otros equipamientos.
Secuestros y requisas
Entre 2024 y 2026 se secuestraron 2.157 teléfonos celulares, un promedio de 808 por año, frente a 347 anuales en el período 2014-2023. El informe atribuye el aumento a la mayor frecuencia de requisas (de 4 a 20 o más por mes por unidad). Se destruyeron más de 4.000 teléfonos, incluyendo stock acumulado de años anteriores.
Mediante el decreto Nº 3005/2025, se transfirieron 39 celulares secuestrados a la División 911 para el sistema de botón antipánico.
En cuanto a sustancias secuestradas, se registraron envoltorios de sustancia fraccionada: 1.521 en 2024, 1.894 en 2025 y 2.015 en 2026 (primer semestre). Elementos corto punzantes: 248, 386 y 188, respectivamente. Pastillas psicofármacas: 917, 757 y 146. Marihuana: 5.297,91 gramos en 2024, 10.010,8 en 2025 y 2.875,91 en 2026. Cocaína: 1.536, 1.717,17 y 1.120,047 gramos, respectivamente.
Personal
La dotación total es de 1.446 funcionarios. Se incorporaron 62 agentes en 2024, 60 en 2025 y 94 en 2026 (incluyendo 56 aspirantes). Las bajas por retiro voluntario fueron 20 en 2024, 29 en 2025 y 37 en 2026. Las cesantías: 4 en 2024 y 2 en 2025.
Hay 21 funcionarios bajo investigación sumarial (menos del 2% del total). El informe menciona la expulsión de funcionarios condenados penalmente por delitos como violencia de género y desobediencia judicial.
Deuda de la Nación
El convenio de 2004 entre el Ministerio de Justicia de la Nación y la Provincia establece reintegros por internos federales alojados en unidades provinciales. El valor por interno y por día se actualizó a $2.000 en 2024 (Resolución Nº 610/2024). El 20 de febrero de 2026, la Nación pagó $183.163.125 por reintegros devengados entre julio de 2023 y diciembre de 2024.
Queda un saldo pendiente de $271.803.000 por acreencias de 2025 y primer semestre de 2026.
Compras y obras
El informe detalla compras menores atomizadas entre más de veinte proveedores (heladeras, ventiladores, sillas, etc.) y compras concentradas en un único proveedor (Equicred SRL) para cámaras y equipamiento de seguridad. Se adquirieron 80 chalecos, 6 cascos, 50 juegos de esposas, uniformes completos y cuatro furgones Mercedes Benz Sprinter.
En infraestructura, la mayoría de las obras finalizadas son de bajo costo (remodelaciones), mientras que las ampliaciones de pabellones figuran como previstas. La única obra de ampliación en ejecución es en la Unidad Penal Nº 8 de Federal.
Se incorporaron ocho binomios de agentes caninos y se incrementó a 240 el número de tobilleras electrónicas activas.
