En aras de continuar implementando su política de Paz Total, el presidente Gustavo Petro, por medio de la resolución 453 de 2024, designó a 18 ex jefes paramilitares como gestores de paz. Su trabajo se centrará en permitir acercamientos del Gobierno a actores armados, estructurar procesos de paz y contribuir a la erradicación de la violencia en Colombia. Esto, sin que sus situaciones jurídicas tengan cambio alguno.
No obstante, la decisión generó molestia por tratarse de peligrosos criminales que, incluso, no han mostrado voluntad de paz. Entre los 18 exparamilitares están Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, Hernán Giraldo, alias Taladro; Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Everth Veloza, alias HH; y Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. Giraldo, por ejemplo, tiene denuncias en su contra por agredir sexualmente a menores de edad en cárceles. Además, algunos de ellos estuvieron ligados con el narcotráfico y fueron extraditados a Estados Unidos.
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A pesar de las críticas, el Gobierno estadounidense mostró su respaldo a las medidas que se tomen para conseguir la paz en el país. Sin embargo, indicó que siempre debe prevalecer la protección de las víctimas, que tienen que poder acceder a la justicia.
“Estados Unidos sigue comprometido con apoyar la paz y la estabilidad en Colombia. Al mismo tiempo, creemos que se debe proteger el derecho a la justicia de las víctimas y que cualquier acuerdo debe cumplir con el derecho internacional humanitario y mejorar la protección de los civiles. Lo remitimos al Gobierno de Colombia para mayores comentarios”, dijo un portavoz de esa dependencia a este diario”, señaló un portavoz del Departamento de Estado a El Tiempo.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, se pronunció sobre la polémica que generó la decisión, recordando que la resolución establece unas responsabilidades para los exparamilitares, sin que eso quiera decir que, por sus aportes a la verdad, justicia y reparación, vayan a recibir algún tipo de beneficio. Además, explicó que la designación solo obedece a la necesidad de finiquitar el proceso de paz que inició en su momento el expresidente Álvaro Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En consecuencia, aclaró que los 18 criminales no tendrán un solo día menos de cárcel, según las penas que tengan en su contra. Las personas que aceptaron, entonces, fungir como gestores de paz, deben estar dispuestas a resarcir a las víctimas de los crímenes cometidos por los paramilitares y garantizar que esos hechos no se repetirán.
“Solo hemos dado una condición a unas personas que han sido determinantes del paramilitarismo y pueden ayudar a cerrar el proceso iniciado en el periodo del gobierno de Uribe. En esto, la verdad y la reparación genuina de las víctimas es fundamental, dado que en el proceso institucional, se perdieron muchos inmuebles, y aún falta espacios de verdad. En este caso, gestores de paz, como dice el decreto, no otorga beneficios jurídicos, solo disposición de la persona a ser constructores de paz”, precisó el jefe de Estado.
Por otro lado, la defensora del Pueblo, Iris Marín, generó cuestionamientos sobre la idoneidad de los ex jefes paramilitares para ser gestores de paz, teniendo en cuenta que en el pasado no han contribuido a la paz. Por eso, aseguró que no pueden ser vistos como referentes morales de la construcción de paz en el país.
“La resolución expedida por el gobierno señala que el reconocimiento como gestores no modifica su situación jurídica, ni su libertad, ni conlleva a ningún beneficio judicial. Sería conveniente, entonces, que la gestoría se desarrolle con base en un plan de trabajo muy preciso y público, que pueda ser objeto de monitoreo para evitar cualquier riesgo que permita que desvíen la labor de gestoría que se les va a solicitar”, añadió.