Después de una intensa y extensa jornada de negociación, Axel Kicillof obtuvo un premio legislativo deslucido: Diputados convirtió en ley la reforma previsional de los empleados del Bapro, pero se quedó -por ahora- sin Presupuesto 2025 y sin ley impositiva.
Las razones de este magro resultado hay que buscarlas en la falta de acuerdo con la oposición. Pero en el Parlamento coinciden en este dato: el obstáculo mayor para que fracasara el tratamiento del proyecto que envió el Gobernador estuvo en la feroz interna entre sectores kirchneristas.
La sesión del jueves estaba programada para las 14.30. Se pospuso hasta las 19; después paso a las 23 y finalmente sobre el filo de la medianoche se sentaron los diputados sin acuerdo global para tratar el cálculo de gastos y recursos, aún después de toda una tarde de reuniones y “rosca” legislativa.
Así comenzó un debate breve en el que se votó la derogación de la ley 15.008 sancionada en la gestión de María E. Vidal (2015-2019) que modificó el régimen de jubilación de los bancarios del Banco Provincia.
Acompañaron este proyecto el bloque de UxP; los “libertarios blue”, o massistas; la izquierda y los radicales que responden a Martín Lousteau y Facundo Manes. “Es el mal menor. Si seguía el actual régimen, la Justicia iba a dar curso a más de 6.000 juicios que destrozarían la caja”, explicó uno integrante de la bancada de la UCR que aprobó la iniciativa de Kicillof.
Ahora, los bancarios volverán a un régimen similar al que había antes de la reforma. Se reduce la edad jubilatoria de las mujeres a 60 años (se había elevado a 65); se restituye el 82% móvil para el cálculo de los haberes jubilatorios (hasta ahora es 70%) y se establece que las pensiones serán al 75% del haber (la norma de la ex mandataria provincial indicaba hacerlo al 70%).
Además, con este nuevo sistema, si la caja se queda sin recursos, puede recurrir a los fondos de la Tesorería.
La legislatura está “libanizada”. Para los memoriosos: es un concepto político que alude a la segmentación de un estado en facciones o milicias que dominaban regiones o porciones de poder. Ocurrió desde principios de los ’80 en el Líbano.
En Buenos Aires están fracturados los bloques del Pro; los libertarios y los radicales. Pero el enfrentamiento más agudo es entre un esquema que responde a intendentes que reportan a Martín Insaurralde (sí, el ex jefe de Gabinete procesado por la justicia Federal después de su gira por el Mediterráneo), los legisladores del massismo y La Cámpora, por un lado. Enfrente, el puñado de legisladores que reflejan los interesas de la Gobernación.
“Venía Tignanelli (Facundo, presidente del Bloque UxP y mano derecha de Máximo Kirchner) a que lo acompañáramos en pedidos insólitos al gobernador”, le contó a Clarín un diputado opositor que estuvo en las discusiones.
“Lucía Iañez (una de las leales a Kicillof) venía a proponer cambios que no tenían aval del bloque. Era todo caótico”, describió otro legislador. En estos recorridos por pasillos y despachos se modificaron más de medio centenar de artículos del proyecto original. La gobernación no avalaba los cambios y desde la presidencia del bloque oficialista no cedían. Resultado: el debate se cayó.
Junto con esa iniciativa, se derrumbó la ley impositiva y el pedido de endeudamiento. Kicillof le pedía a la Legislatura un permiso para adquirir deuda por casi U$S 1.100 millones. Pero -según dijeron a Clarín en el Palacio-, “La Cámpora se encargó de obstruir esa parte de la ley”.
Los intendentes peronistas querían y presionaron para incluir un aumento de 1 punto de coparticipación para el envío automático de fondos a las comunas. Y un fondo especial para Seguridad, de $ 200 mil millones. Alcaldes camporistas y kirchneristas duros negociaron la incorporación de esa reforma. Pero no pasó el filtro de Economía.
“Quieren quitarle al gobernador la discrecionalidad en el reparto, en un año electoral”, era la explicación. Si no hay ley, el gobernador prorrogaría el actual presupuesto y tendría la botonera para mandar recursos sin pautas preestablecidas.
Los “barones” del GBA y otros jefes comunales desestimaron la opción de proponer la eliminación de las reelecciones indefinidas. No había contexto para discutir ese tópico sin una red de acuerdos previos.
Sí se concretó un enroque en la conducción de la Cámara, como parte de esa alianza entre Insaurralde y el sector que responde a Sergio Massa. El hasta ayer presidente de Diputados, Alejandro Dichiara, cedió el manejo a Alexis Guerrera, del Frente Renovador. Así lo acordaron hace un año y esa sociedad de mantuvo.
El Parlamento estuvo todo el día en alerta. Los senadores convocados por Verónica Magario tenían preparada una sesión “en espejo” si arrancaban sus pares del otro cuerpo. Pero eso no pasó en los tiempos previstos y la senadora María Teresa García (UxP) dio por caída la convocatoria.
Ahora, Diputados tiene un llamado para el 27 de diciembre. Si los acuerdos no asoman en medio de los festejos navideños, Kicillof se quedará sin presupuesto, los intendentes sin fondos y sin reelecciones indefinidas.