A siete días de que termine el año, la incertidumbre en el sector estatal es palpable. Y es que el 31 de diciembre se vencerán 50 mil contratos en la administración pública nacional. Hasta el momento, no hubo una comunicación oficial por parte del Estado, responsable de la continuidad -o no- de los empleados del sector.
Por este motivo, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, manifestó: “El fraude laboral del Gobierno en el Estado es gigantesco. Se le tiene que empezar a poner fin a la alarmante precarización renovando de manera automática todos los vínculos contractuales que vencen a fin de año hasta su definitiva incorporación en la planta permanente”. En este sentido, Aguiar manifestó que importantes organismos como el PAMI también sufrieron recortes en los últimos días y aseguró que esperan nuevos ajustes en línea con lo que sucedió la semana pasada en el Ministerio de Justicia, que echó a 2400 personas.
El titular de ATE indicó, además, que esto “es motivo suficiente para multiplicar las protestas en todo el país”. Por ello, señaló: “Las firmas de contratos trimestrales que se impusieron desde que asumió esta gestión no sólo generan malestar e incertidumbre en los trabajadores, sino que resienten en cantidad y calidad los servicios que brinda el Estado”. «El 31 de diciembre no puede existir un solo despido en el Estado. Se debe garantizar la continuidad de todos los contratos», cerró Aguiar.
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Desde ATE advirtieron que, de no obtener respuestas, se podrían convocar a acciones en defensa de los puestos de trabajo. De todos modos, señalaron que “mantener el diálogo resulta fundamental para resolver la crisis”.
Además de la situación de los contratos, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger sumó la orden de intimar a 10 mil trabajadores a jubilarse en octubre pasado. 6.800 de esos empleados estaban en planta permanente. Según el funcionario, la medida buscó “reducir el tamaño de la planta de trabajadores estatales, una de las principales metas del Ejecutivo para equilibrar las cuentas públicas y disminuir el déficit fiscal”.
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No es ningún secreto que la administración del Presidente busca, desde su inicio, la reducción al mínimo indispensable de la planta estatal. A mitad de año, el presidente se planteó como meta reducir 75.000 empleos en la administración pública nacional. “El ajuste significó llevar la cantidad de ministerios a la mitad y eso redujo la estructura del Estado. Y eso no fue gratis porque obviamente que echamos gente… En materia de contratos, vamos a terminar echando 75 mil personas, llevamos 25 mil”, dijo Milei en junio pasado. Según ATE, ”si la amenaza se cumple, serán muy pocos los contratos de ese universo de 50.000 que se renueven en 2025”.
Para mostrar los números, el ministro Sturzenegger publicó un gráfico con los datos actualizados hasta fines de octubre, momento en que se sumaron 2.000 bajas más entre el personal estatal. En la imagen, se muestra como 20.611 desvinculadas pertenecían a la administración centralizada y descentralizada, otros 2.708 al personal militar y de las fuerzas de Seguridad y 11.510 a empresas del Estado.
TC CP