El gobernador Rogelio Frigerio volvió a criticar la construcción de una planta de hidrógeno verde en Uruguay: «No enfrente de nuestras playas»

Continúa la polémica en ambos lados del río Uruguay por la construcción de una planta de hidrógeno verde sobre el curso de agua compartido. Este viernes, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio (PRO), volvió a criticar la medida del país vecino y pidió apelar al «sentido común»: «Si la van a hacer, que la hagan no justo enfrente de nuestras playas más concurridas», enfatizó en sus redes sociales.

«En Colón volví a dejar algo muy claro, no podemos permitir otra Botnia«, sostuvo Frigerio el lunes, en esa ciudad de Entre Ríos, frente a la cual se encuentra la localidad de Paysandú, sobre el margen uruguayo del río. Allí, la empresa chileno-peruana HIF Global tiene determinado construir una planta de hidrógeno verde. Según la compañía, el emprendimiento en Paysandú «contempla la generación de electricidad a partir de fuentes renovables y la transmisión de esta energía a la planta de e-Combustibles».

Pero sobre el fin de esta semana, la polémica está lejos de menguar. Este viernes el gobernador Frigerio recurrió a sus redes sociales para volver a referirse al tema: «Yo no combato inversiones que dan empleo. Lo único que pedimos es que relocalicen la planta y no la emplacen justo enfrente de nuestras playas más concurridas. Puro sentido común», escribió por el mediodía, luego de haber sido interpelado por Rodolfo Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina.

Llanos le había recriminado, temprano este mismo viernes, «que la exBotnia exporta U$S 2.000 millones en celulosa y que toda la provincia de Entre Ríos exporta 1.425 millones. Si se pondría a buscar más empresas que se radiquen… Pero el las combate en nombre la contaminación. Siempre anti progreso».

Recogiendo el guante, Frigerio volvió a pronunciarse: «Yo no cuestiono la contaminación del río por parte de esta planta de combustibles sintéticos (en Paysandú) porque no tengo elementos para hacerlo. Además, hasta que no tratemos los efluentes cloacales e industriales de este lado, mucha autoridad moral no tenemos. Y por eso las obras de saneamiento que estamos encarando a lo largo de nuestras costas en Entre Ríos».

«Lo único que pedimos, desde el sentido común, es que si la van a hacer, la hagan unos kilómetros para cualquiera de los márgenes, y no justo enfrente de nuestras playas más concurridas. Si alguna vez vienen para este lado inversiones industriales importantes que requieran estar sobre la costa del río y que generen muchos puestos de trabajo, prometo que no las vamos a instalar enfrente de Carmelo», amplió Frigerio. En específico, a inicios de la semana, el gobernador había sugerido que el emplazamiento fuera menos a unos 30 kilómetros de la costa.

En los días previos, y a la par de que la empresa presentó los papeles ante el Ministerio de Ambiente del Uruguay (último paso necesario antes empezar a construir la planta), un grupo de legisladores del PJ, enfrentados con Frigerio, presentó una acción judicial preventiva contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA para, afirmaron, evitar un eventual daño ambiental derivado de la instalación de una planta. Quedó a cargo de los legisladores nacionales del PJ Guillermo Michel, Adán Bahl (ex intendente de Gualeguaychú) y Marianela Marclay.

Esos legisladores reclamaron al gobierno uruguayo de Yamandú Orsi que los uruguayos no cumplieron presuntamente con los artículos de consulta bilateral que están previstos en el Estatuto del Tratado sobre el Río Uruguay que se administra bajo la Comisión conocida como CARU. La demanda, presentada por Michel, Adán y Bahl figura bajo el expediente 3276/2026, y solicita medidas de prevención de daños y perjuicios ante lo que los legisladores consideran un posible impacto ambiental «irreparable».

En los años 2000, la instalación de Botnia de manera inconsulta sobre la margen uruguaya del río compartido generó un duro enfrentamiento, con cortes de ruta en el puente internacional que iba de Gualeguaychú a Fray Bentos, una demanda que la Corte de la Haya resolvió dándole la razón a la Argentina y pidiendo controles periódicos sobre el estado del río que se realizan en forma esporádica, de acuerdo a ambientalistas de la zona.

En medio, los reclamos de los pobladores por los olores nauseabundos, cambios en la calidad del agua del río y mortandad de peces se acrecentaron desde entonces e incluso hubo algunas intervenciones de la justicia contra la empresa que admitió al menos en un par de ocasiones que tuvo escapes tóxicos, hasta que la compañía finlandesa tuvo un proceso de reconversión y fue vendida a otro grupo europeo.