Una nueva resolución del gobierno provincial simplifica los procedimientos digitales y contables para que clubes, bibliotecas y centros vecinales puedan regularizar su situación administrativa de forma más ágil y económica.
El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público (DGIPJ y RP), implementó medidas para reducir la carga burocrática sobre las organizaciones sociales. La Resolución Nº 004/26 establece un marco de alivio administrativo dirigido específicamente a las Asociaciones Civiles de «Categoría I».
La norma, publicada en el Boletín Oficial Nº 28.311, fundamenta la decisión en la función social de estas entidades, destacando su rol en la consecución de fines comunes y su contribución al bienestar de la sociedad.
El punto central de la resolución es la creación de un mecanismo de regularización para las asociaciones que no estén al día con sus presentaciones contables. Aquellas que adeuden períodos anteriores al 2025 podrán normalizar su situación presentando un estado de recursos y gastos simplificado, conforme al modelo del ANEXO I, en lugar de un balance tradicional. Este beneficio aplica siempre que la entidad no supere los ingresos brutos de la Categoría “G” del Monotributo.
La resolución aclara que, al cierre de cada ejercicio, se evaluará el nivel de ingresos. En caso de superar el límite establecido, las asociaciones serán consideradas de «CATEGORÍA II» y deberán presentar los estados contables correspondientes.
Para acceder a estos beneficios, las autoridades de las organizaciones deben realizar una «autodeclaración» en su trámite pre-asambleario, indicando la categoría a la que pertenecen, sus ingresos brutos anuales y el límite de la Categoría ‘G’ del Monotributo.
La medida, impulsada por la gestión de Rodrigo José Luti Guerrero, busca modernizar el control estatal, facilitar la participación comunitaria y evitar que las instituciones pequeñas desaparezcan por costos contables excesivos. El proceso se realiza de manera digital, coordinado con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), para mantener la transparencia.