Un informe oficial revela la composición de género del sistema judicial provincial, con mayoría femenina en la planta total y en la mayoría de las jurisdicciones.
El Poder Judicial de Entre Ríos presentó un informe sobre la composición de su personal, destacando que el 59% del total de 2.835 agentes son mujeres (1.678), mientras que el 39% son varones (1.103) y el 2% (54 agentes) no registró datos de género. El estudio refleja una tendencia sostenida hacia una mayor participación femenina en el ámbito judicial, en línea con políticas institucionales de igualdad de género.
En términos territoriales, el departamento Paraná concentra el 44% del personal (1.250 agentes), seguido por Concordia con el 13% (356) y Concepción del Uruguay con el 8% (239). Departamentos como San Salvador (1%) e Islas del Ibicuy (0,8%) presentan las menores proporciones. En todas las jurisdicciones, las mujeres son mayoría, incluso en aquellas de menor dotación.
En el Superior Tribunal de Justicia, compuesto por 9 vocalías, hay 4 mujeres y 5 varones. En la magistratura (245 cargos, incluyendo jueces de paz, magistrados de primera instancia y camaristas), los varones ocupan el 61% y las mujeres el 39%. En los niveles de funcionariado y personal administrativo, las mujeres representan el 63% en ambos casos.
En los Ministerios Públicos, la participación femenina es del 54% en el Ministerio Público Fiscal y del 57% en el Ministerio Público de la Defensa. En cargos de fiscalía, las mujeres son el 53%, mientras que en defensa la participación es casi paritaria (49% mujeres, 50% varones). En el funcionariado y personal administrativo de ambos ministerios, las mujeres superan el 60%.
El informe, elaborado a partir de datos de la Dirección de Gestión Humana del Superior Tribunal de Justicia, utiliza el Sistema de Gestión de Personal (SGP) que contempla diversas categorías de género, aunque en 2025 no se registraron selecciones en identidades no binarias o trans. El 2% del personal no consignó información de género, categorizándose como “sin datos”.
La sistematización periódica de estos datos busca consolidar una base empírica para el diseño de políticas institucionales con enfoque de género y mejorar la gestión del Poder Judicial entrerriano.