Ricardo José Luciano, abogado y denunciante, cuestionó a la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú y a funcionarios provinciales y municipales por el control ambiental de la planta de efluentes del Parque Industrial.
El abogado Ricardo José Luciano, uno de los denunciantes en la causa por presuntas irregularidades en la planta de efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú (PIG), difundió una declaración pública en la que cuestionó a la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (Codegu) y a funcionarios provinciales y municipales encargados de los controles ambientales.
Luciano sostuvo que los procedimientos realizados durante las últimas semanas confirmaron las irregularidades que había denunciado penalmente en julio de 2025, luego de que el Foro Ambiental de Gualeguaychú advirtiera sobre el presunto mal funcionamiento de la planta.
El letrado recordó que el 13 de mayo presentó una nueva denuncia patrocinando a un vecino de la ciudad, incorporando fotografías, videos y otra documentación. Aclaró que no brindará mayores detalles debido al secreto de sumario dispuesto por el juez federal Hernán Viri.
Las críticas estuvieron dirigidas hacia los organismos encargados de fiscalizar el funcionamiento de la planta. Luciano afirmó que la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y la Subsecretaría de Ambiente municipal habrían incumplido su función de control y seguimiento.
“Nos mintieron y nos siguen mintiendo”, expresó el abogado al referirse a los hallazgos del último allanamiento, en el que participaron efectivos de la Policía Federal Argentina, personal especializado en delitos ambientales y agentes de la Prefectura Naval Argentina.
Según información que trascendió tras el procedimiento judicial, los investigadores detectaron dos sistemas de bypass dentro de la planta de tratamiento y procedieron a clausurar llaves de paso vinculadas a esas maniobras. Además, se informó que no existiría documentación respaldatoria sobre esas instalaciones.
Para Luciano, estos hallazgos ponen en duda las explicaciones brindadas por los responsables del Parque Industrial respecto del funcionamiento de la planta. El abogado recordó que tiempo atrás se había anunciado un plazo de 90 días para normalizar el sistema de tratamiento de efluentes, objetivo que, según sostuvo, no se habría cumplido.
“La aparición de estos sistemas durante un allanamiento demuestra que los controles no funcionaron o no fueron realizados adecuadamente”, señaló.
Asimismo, consideró que existe una responsabilidad política derivada de la falta de fiscalización y reclamó que la investigación avance hasta determinar eventuales responsabilidades administrativas y penales.