Un grupo de profesionales emitió un comunicado en el que cuestiona la decisión del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) de incluir un canon en dólares en la factura eléctrica para repagar una obra en servicio desde 2016.
Alejandro Di Palma, Roberto Domingo y Rubén Paglitto, junto a su equipo, emitieron un comunicado en el que exponen que “el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) sumó a la tarifa eléctrica entrerriana un canon en dólares para repagar una obra que funciona desde 2016”. Según el documento, la decisión “no es un costo del servicio, es un tributo que nadie votó, y el regulador que debía frenarlo lo convalidó”.
En el comunicado se consideró que “el EPRE existe para ser contrapeso, para defender la lógica de costos de la tarifa frente a dos tentaciones permanentes, la del distribuidor que busca renta y la del poder político que busca usar la tarifa como caja”. Asimismo se añadió que “en este caso, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía de la Provincia solicitaron la incorporación del ‘canon’, y el ENTE ‘hizo lugar’ a la solicitud. El regulador dejó de arbitrar y pasó a ser correa de transmisión de una decisión de financiamiento del Ejecutivo. Su independencia quedó, una vez más, en lo formal”.
El documento señala que la Resolución 88/26 del EPRE incorpora al cuadro tarifario eléctrico un “Canon” de 323.046,95 dólares por mes, ajustado al tipo de cambio, que los usuarios pagarán hasta agosto de 2044. Este canon corresponde a la Estación Transformadora 500/132 kV “Gran Paraná”, una obra en servicio desde 2016, financiada originalmente con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cuyo repago estaba fijado en resoluciones del ENRE de 2009 y 2012.
Los firmantes sostienen que “el canon Gran Paraná no remunera el costo de distribuir energía en 2026; amortiza una decisión de inversión y endeudamiento del pasado. Funciona como un impuesto, pero se cobra como una tarifa”. Agregan que, al disfrazarse de cargo tarifario, esquiva los controles legislativos y no se discute en la Legislatura, como correspondería a un tributo.
Además, advierten que el canon está en dólares y se ajusta al tipo de cambio, mientras que el tope al Valor Agregado de Distribución está en pesos y atado a salarios, lo que genera una asimetría. A la cotización oficial de comienzos de junio, los 323 mil dólares mensuales equivalen a unos 460 millones de pesos por mes, más de 5.500 millones de pesos al año. Sobre el total del período, el usuario entrerriano repagaría alrededor de 71 millones de dólares por una obra cuya inversión nominal rondó los 54 millones.
El comunicado concluye que “el reclamo, entonces, no es que la obra no se pague. Es que se pague como lo que es. Si la Provincia decidió que el usuario cargue con el repago de Gran Paraná, que lo diga con todas las letras, por ley, discutido en la Legislatura, en pesos, con cronograma público y con el canon de Santa Fe a la vista. Lo que no puede, es seguir cobrándose un impuesto por la ventanilla de un precio, con la firma de un Ente Regulador que debía ser el primero en impedirlo”. (APFDigital)