En una conferencia de prensa, la Multisectorial de Entre Ríos ratificó su rechazo al proyecto de reforma previsional y detalló un plan de acción que incluye volanteadas y un paro general.
La Multisectorial de Entre Ríos, en una conferencia de prensa, ratificó su rechazo al proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo provincial. La Secretaria General de la Asociación del Personal Superior (APS), Alejandra Levrand, abrió el encuentro agradeciendo el acompañamiento de las entidades y medios de comunicación presentes.
El titular de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Abel Antivero, anunció que el próximo miércoles se realizarán volanteadas simultáneas en Paraná, Gualeguaychú y Concordia. Además, confirmó un paro general en toda la provincia el día que el Senado trate el proyecto parlamentario. Agmer mantendrá la carpa de protesta frente a la Casa de Gobierno.
El Secretario General de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), José María Segura, criticó la técnica legislativa del proyecto y sostuvo que la declaración de emergencia no tiene fundamentos suficientes. Afirmó que el núcleo de la reforma busca equiparar la Caja Provincial con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y eliminar el 82% móvil, además de cuestionar las facultades delegadas al Ejecutivo.
El secretario del Interior de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Esteban Olarán, señaló que la sustentabilidad de la caja no debe resolverse solo con el aporte de los trabajadores. La Multisectorial propone fuentes de financiamiento externas, como un fondo de fideicomiso basado en las regalías de Salto Grande o gravámenes a la extracción de arenas para Vaca Muerta.
El representante de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler) se refirió al proyecto de «ley de inocencia fiscal» y al modelo económico, mencionando la adhesión del vocero presidencial Manuel Adorni a beneficios impositivos. Advirtió que la ley podría no durar «45 días» debido a su inconstitucionalidad.
La defensa de la Ley 8732 fue un punto central para los representantes de los pasivos. La representante de jubilados de ATE, Juana Ávalos, destacó el carácter solidario e intergeneracional del sistema y convocó a la comunidad a sumarse a la lucha. La vocal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Claudia Vallori, alertó sobre la pérdida del poder adquisitivo.
Desde la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) se cuestionó que la ley obligue a los docentes jubilados a seguir aportando, lo que calificaron como un «impuesto» ilegal. También se resaltó el impacto físico de la extensión de la edad jubilatoria en docentes y trabajadores municipales.
Ante consultas de la prensa, Antivero y Víctor Sartori (ATE) aseguraron que interpelarán a cada legislador para que asuman el «costo político» de su voto. Advirtieron que el proyecto permitiría al Ejecutivo retener coparticipación a los municipios por déficits previsionales. En caso de aprobarse la ley, la Multisectorial prevé una «catarata de presentaciones por inconstitucionalidad» de gremios y particulares. (APFDigital)