El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, informó que se iniciará un reclamo civil por más de un millón de dólares para recuperar fondos públicos que, según la investigación, fueron sustraídos mediante una organización delictiva vinculada a programas de jóvenes emprendedores.
El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, afirmó ante la prensa que los hechos investigados “no fueron créditos irregulares ni un problema administrativo, sino una banda delictiva organizada para estafar al Estado” y solicitó “darle al tema la magnitud que tiene”.
Bernaudo describió las acciones realizadas desde el Gobierno desde el momento de la denuncia hasta la recolección de pruebas y la detección de distintos intentos de eliminar evidencia por parte de los responsables. “Participamos en la investigación, trabajamos con mucha intensidad y acompañamos a la Fiscalía aportando toda la información requerida y recuperando lo que se intentó eliminar hasta volcando lavandina en documentación días antes del cambio de gestión, lo que quedó demostrado de forma contundente en escuchas telefónicas”, explicó.
El funcionario calificó los hechos como “una cosa terrible” y consideró “increíble que esto haya pasado desapercibido a lo largo de años a las autoridades superiores y a todo el sistema de control operativo”. Señaló que los delitos ocurrieron durante dos gestiones y que pasaron “tres o cuatro ministros de distintas áreas”.
Bernaudo calculó que el total de casos es de alrededor de 750 según los muestreos realizados y que el período abarca unos cuatro años. “La Fiscalía de Estado va a reclamar el total de los fondos, que supera el millón de dólares”, indicó.
El ministro sostuvo que en la estructura del ministerio no quedó ninguna de las personas implicadas y marcó que “la única continuidad laboral fue la de Pedro Gebhart”, que pasó al Senado en la gestión de Laura Stratta como vicegobernadora, luego fue removido en el presente período y fue contratado por el bloque del peronismo.
El origen de la denuncia
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó que el expediente “comenzó en el ámbito del Tribunal de Cuentas donde, después de hacer una investigación producto de las rendiciones, se mandaron a la Fiscalía de Estado los antecedentes, a la Oficina Anticorrupción, y desde allí se formuló la denuncia penal y empezó la investigación por parte del Ministerio Público Fiscal”.
“No fuimos neutros frente a esta investigación, a punto tal que, además de hacer la denuncia, nos constituimos como actores civiles para obtener la reparación del perjuicio causado”, añadió.
Rodríguez Signes aclaró que la Constitución y la legislación vigente impiden que el Poder Ejecutivo o la Fiscalía de Estado actúen como querellantes en una causa penal, razón por la cual la participación institucional se dio a través de la denuncia, la colaboración en la investigación y la constitución como actores civiles para reclamar el resarcimiento económico.