La Asamblea Feminista de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries de Paraná presentó un informe con cifras sobre la situación de la salud mental en la provincia y solicitó la implementación de políticas públicas con perspectiva de género. El Gobierno provincial, por su parte, declaró la urgencia sanitaria en la materia.
La Asamblea Feminista de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries de Paraná emitió un comunicado en el que señala que la crisis de salud mental en Entre Ríos es “una consecuencia directa de las violencias patriarcales, la pobreza y el desmantelamiento de las políticas públicas”.
Según el informe citado por la organización, entre 2023 y 2026 se registraron 841 casos de suicidio en la provincia, lo que representa una tasa de 19,8 cada 100.000 habitantes, frente a una tasa nacional de 9,8. Además, el 75,74% de los casos correspondió a personas de entre 15 y 29 años, y el 12,36% a adolescentes de 10 a 14 años.
La Asamblea indicó que “no se puede separar la salud mental de las violencias de género” y señaló que durante el período mencionado se formuló una denuncia por violencia de género cada 40 minutos en la provincia. También afirmó que “la violencia psicológica es la más frecuente” y que “el hogar es el ámbito más inseguro para mujeres y niñas”.
En relación con las juventudes, la organización se preguntó: “¿Qué futuro le ofrece la Provincia a nuestras juventudes? ¿Con salarios de pobreza, equipos desmantelados y sin ESI, cómo van a mejorar estas cifras?”. Asimismo, sostuvo que “la violencia digital, al igual que los consumos problemáticos, no se resuelve con ajuste: necesita una respuesta integral”.
Entre los reclamos presentados se encuentran: presupuesto visible y suficiente para sostener equipos interdisciplinarios en salud mental, restitución del PLAN ENIA y de las redes territoriales de protección, implementación de Educación Sexual Integral (ESI) en todas las escuelas, dispositivos gratuitos para abordar violencias y consumos problemáticos, y salarios dignos para trabajadores de la salud pública.
La Asamblea también mencionó el informe del Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSMER, 2025), que señala “insuficiente articulación entre salud, protección de derechos y Justicia” y “falta claridad en las responsabilidades institucionales”.
En cuanto a la respuesta oficial, el Gobierno provincial, mediante el decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, declaró la “urgencia sanitaria en materia de salud mental”. El decreto convoca a la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos a elaborar un “Plan Provincial de Contingencias en Salud Mental”.
La organización señaló que desde 2023 se han registrado “retrocesos en las perspectivas de trabajo, cierres de programas, suspensión de dispositivos, empeoramiento de condiciones de trabajo y salariales” y “recorte presupuestario en el otorgamiento de becas para la formación de especialistas”. También expresó su preocupación por el lanzamiento de la aplicación ORI, que fue publicitada como respuesta a la crisis.
Finalmente, la Asamblea exigió que se reconozca la necesidad de mayor presupuesto y mejora de condiciones laborales, y concluyó: “Emergencia en violencias de género y emergencia en salud mental van de la mano: no hay salud mental si no tenemos derecho a una vida libre de violencias, discriminación y exclusión”.