La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó a un paro provincial de 48 horas para el jueves y viernes de esta semana, en reclamo de la reapertura de la paritaria salarial y en denuncia de una pérdida del poder adquisitivo del 16,1% entre diciembre de 2025 y julio de 2026.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) anunció un paro provincial de 48 horas para el jueves y viernes de esta semana. La medida fue comunicada mediante un documento emitido por la Comisión Directiva Central, en el que se exige al Ejecutivo Provincial la inmediata reapertura de la paritaria salarial y la conformación de una mesa de discusión.
Según los registros de la entidad gremial, la pérdida del poder adquisitivo de los docentes asciende al 16,1% en el período comprendido entre diciembre de 2025 y julio de 2026. El comunicado detalla que en lo que va del año los aumentos otorgados alcanzaron el 6,6%, mientras que la inflación fue del 22,7%. En julio, el incremento fue del 3% y no se registra una pauta asignada para las liquidaciones de agosto.
Para el viernes a las 17:30, Agmer convocó a una marcha provincial con antorchas desde la Plaza 1º de Mayo hasta la Casa de Gobierno.
El documento también dirige críticas al gobernador Rogelio Frigerio, a quien se le atribuye el incumplimiento de compromisos asumidos en campaña. La conducción sindical señaló que la gestión provincial opta por “confrontar, estigmatizar a la docencia y gastar fortunas en operaciones mediáticas” en lugar de resolver la situación de las escuelas, la salud pública, el sistema previsional y los comedores escolares.
Además, la dirigencia sindical exigió un proceso urgente de blanqueo de sumas no remunerativas. Advirtieron que los abonos “en negro” afectan la sostenibilidad de la Obra Social (OSER) y de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, con impacto directo en los docentes jubilados.
El paro de 48 horas de los docentes provinciales se realizará en coincidencia con la jornada de protesta convocada por las comunidades universitarias de todo el país. La acción conjunta busca visibilizar los más de 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno Nacional, situación que persiste a pesar de los fallos de la Corte Suprema.