El Colegio de Psicólogos de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná presentaron actividades por la semana de prevención del suicidio. La Mesa por la Salud Mental realizó una jornada en Plaza 1º de Mayo. Entre Ríos registró 288 casos en 2025, con una tasa de 20,8 cada 100.000 habitantes.
Este jueves 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, jornada impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP).
En ese marco, el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos (CoPER) junto con la Municipalidad de Paraná realizaron a las 10 una presentación de las actividades por la semana de prevención del suicidio, que tendrá su actividad principal este sábado con la Caminata por la vida. Por su parte, la Mesa por la Salud Mental llevó a cabo una jornada pública de sensibilización, concientización y reclamo ante la situación de emergencia que atraviesa la provincia por la mañana en la Plaza 1º de Mayo en Paraná.
Un panorama estadístico
Durante el año 2025, Entre Ríos registró 288 suicidios consumados, alcanzando una tasa de 20,8 casos cada 100.000 habitantes. Esta cifra ubica a la jurisdicción a la cabeza del mapa nacional, duplicando casi el promedio del país (11,8) y triplicando la tasa de la provincia con menor incidencia, Río Negro (6,5).
Según el segundo informe de la serie Juventudes de Entre Ríos, elaborado por la Consultora Eje sobre datos del Observatorio de Política Criminal (OPC) y el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), la provincia experimentó un incremento del 81,1% en los casos entre 2017 y 2025. El estudio advierte, además, que la problemática se consolidó como la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 34 años, superando a los siniestros viales.
En el nivel de atención primaria, los datos del Ministerio de Salud Provincial revelaron que se atendieron más de 840 intentos de suicidio en el último período. Sin embargo, la infraestructura pública muestra fuertes cuellos de botella: de los 65 hospitales generales, solo 9 cuentan con servicios especializados en salud mental, y apenas 39 de los 150 psiquiatras matriculados en la provincia se desempeñan en el sistema estatal, lo que genera demoras de hasta seis meses para conseguir turnos en el interior.
El debate: urgencia sanitaria y presupuesto
Frente a estos indicadores, el Gobierno provincial promulgó en agosto el Decreto 2130, declarando la «Urgencia Sanitaria en Salud Mental» por el término de un año. La figura legal elegida desencadenó un contrapunto con los sectores sindicales y territoriales.
Un dictamen técnico de ATE Entre Ríos y la CTA Autónoma calificó el decreto gubernamental de «meramente declarativo y simbólico», argumentando que la figura de «urgencia» no incluyó partidas presupuestarias específicas ni habilitó mecanismos de contratación directa para la incorporación urgente de profesionales o compra de insumos.
La Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos, conformada por diversas organizaciones e instituciones, exige que se formalice la declaración de emergencia. Sandra Cislaghi, integrante del espacio, contrapuso la posición oficial remarcando la gravedad de la situación en las calles: «Declarar la urgencia reconoce el malestar social, pero hay entrerrianos en peligro inminente. Necesitamos declarar la emergencia con un presupuesto claro, algo que este decreto no contempla».
A esta tensión local se suma la preocupación por la política nacional: el programa de «Apoyo y Promoción de la Salud Mental» sufrirá una reducción presupuestaria del 91,6% para 2026, según datos de la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Articulación institucional y precarización de los profesionales
La secretaria de Salud de la Municipalidad de Paraná, Claudia Enrique, valoró el trabajo coordinado con las entidades profesionales para generar espacios de prevención y sensibilización: «Es un problema que nos afecta a todos. Por eso estamos trabajando muy bien con el Colegio de Psicólogos en actividades conjuntas, desde capacitaciones hasta el acompañamiento en la caminata que han propuesto».
El presidente del CoPER, Octavio Filipuzzi, sostuvo que el suicidio constituye un «fenómeno social» que desborda el ámbito estrictamente sanitario: «No alcanza con el servicio sanitario: Salud tiene que hacer su parte, Educación la suya y los colegios profesionales la nuestra. Obviamente, los mayores responsables de las políticas de salud mental son el Estado provincial y los municipios, pero es una temática que exige el compromiso de todos».
Filipuzzi subrayó que la articulación preventiva es la única vía para reducir los índices, al tiempo que instó a no perder de vista la dimensión humana detrás de la estadística: «La prevención es el único camino para empezar a reducir los números. No debemos deshumanizarnos: hay que entender que detrás de cada muerte hay una persona y una familia».
El colegio profesional señaló la brecha entre el discurso oficial y la asignación real de recursos, indicando que los trabajadores de la salud mental están «altamente precarizados» y en situaciones complejas: «Hay que destinar recursos no solo para mejorar la situación salarial, sino también para cuidar a los que cuidan».
Impacto en los barrios y contexto socioeconómico
Un docente de la Facultad de Ingeniería de la UNER, que también integra la Mesa, remarcó el impacto del contexto económico en la salud mental: «Existe amplia evidencia científica que relaciona el malestar psicológico con el deterioro socioeconómico. Si bien no es un problema que dependa exclusivamente de los servicios formales del Estado, se requieren recursos y salarios dignos para garantizar la atención».
El abordaje territorial del problema suma la perspectiva de las organizaciones que trabajan en los sectores de mayor vulnerabilidad socioeconómica, como la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) José Daniel Rodríguez, un dispositivo de Sedronar ubicado en la zona oeste de Paraná, y la organización Ni Un Pibe Menos por la Droga, que integran la Mesa.
El dispositivo vinculó las adicciones y el riesgo de suicidio con la falta de empleo y el deterioro de la calidad de vida en los barrios, donde advierten que los jóvenes sufren situaciones límite: «Chicos de 12 o 13 años, o incluso menores, ya empiezan a consumir o a trabajar en el volcadero».
Desde el dispositivo señalaron la parálisis de los fondos estatales: «Peleamos por la emergencia en salud mental y por más presupuesto para estos lugares. El nuestro lleva congelado dos años y medio, con un único ajuste que resultó totalmente insuficiente».
En esa línea, remarcaron la necesidad de garantizar el acceso de los jóvenes a la educación, el deporte y la cultura como factores clave de protección comunitaria para «evitar llegar a estas problemáticas tan graves».
Si vos o alguien que conocés atraviesa una crisis o necesita ayuda, podés comunicarte de forma gratuita y confidencial a la Línea 135 o al 0800-345-1435 desde todo el país, disponible las 24 horas. (APFDigital)