El Poder Ejecutivo nacional envió al Senado un proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental. Desde Paraná, trabajadores del Hospital Escuela advierten que la iniciativa podría habilitar hospitales monovalentes y cambiar el enfoque conceptual, generando preocupación por derechos y presupuesto.
El Poder Ejecutivo nacional giró al Senado un proyecto de reforma integral de la Ley de Salud Mental que introduce cambios sustanciales en el sistema vigente desde 2010. En ese marco, el secretario de Derechos Humanos de ATE y trabajador del Hospital Escuela de Paraná, Matías Passi, señaló: “Las primeras impresiones indican un retorno a prácticas centradas en la lógica de la psiquiatría”.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la posibilidad de habilitar nuevos hospitales monovalentes, instituciones destinadas a la internación de personas con padecimientos de salud mental. “En estos lugares suele haber personas que llevan décadas internadas, muchas veces abandonadas en su proceso de atención, sin posibilidades de desenvolverse en la comunidad”, advirtió.
La legislación actual prohíbe este tipo de establecimientos y promueve la integración de los servicios de salud mental en hospitales generales, como ocurre en el Hospital San Martín de Paraná. “El objetivo es evitar una lógica de encierro que implica vulneración de derechos”, explicó Passi. En esa línea, destacó también el desarrollo de dispositivos alternativos como las casas de medio camino, que favorecen la reinserción social de personas con internaciones prolongadas.
Otro aspecto cuestionado es el cambio de enfoque conceptual, al reemplazar el término “padecimiento mental” por “trastorno”. “El padecimiento es algo que puede atravesar cualquier persona en algún momento. En cambio, hablar de trastorno implica una mirada más biologicista, como si fuera una condición inherente al individuo”, sostuvo.
Asimismo, el dirigente expresó preocupación por la falta de precisiones en materia presupuestaria. Si bien reconoció que la ley vigente nunca contó con la asignación plena de recursos, advirtió que el nuevo proyecto podría profundizar esa situación. Según indicó, la iniciativa no establece la obligación de la Nación de transferir fondos a las provincias para su implementación: “Esto se inscribe en una línea política que tiende al ajuste”.
Frente a este escenario, trabajadores del área de salud mental mantendrán este viernes una reunión con el director provincial, Esteban Dávila, para solicitarle una definición institucional respecto de la propuesta impulsada por el Gobierno nacional.