La fiscal Josefina Minatta confirmó que el debate oral aborda episodios ocurridos en 1977 y 1978 en Concepción del Uruguay, con nuevos imputados que habían eludido el proceso por razones de salud.
En el marco del juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Entre Ríos, la fiscal Josefina Minatta destacó que “50 años después podemos sentar a los dos gendarmes en el banquillo”. La causa retoma hechos ya juzgados en una instancia anterior, pero incorpora a dos exintegrantes de Gendarmería que en aquella ocasión lograron suspender el debate por cuestiones de salud.
Minatta explicó que ambos acusados presentaban certificados médicos y no concurrían a las audiencias, aunque registros migratorios mostraban viajes a España, Brasil y Francia. La intervención de la Corte Suprema fue clave para que se determinara que estaban en plenas facultades para afrontar el juicio.
Los hechos juzgados ocurrieron en la dictadura militar en Concepción del Uruguay. El primero, conocido como “la noche del cumpleaños”, sucedió en mayo de 1977: un operativo conjunto de fuerzas de seguridad irrumpió en una casa quinta donde militantes del Partido Comunista celebraban. Las víctimas fueron privadas de libertad y sometidas a violencia extrema. Los hombres fueron trasladados a dependencias de Gendarmería, donde sufrieron maltratos y torturas durante varios días.
El segundo episodio, en enero de 1978 en el balneario Banco Pelay, interrumpió una guitarreada. Dos personas fueron llevadas a una quinta y torturadas. Un hijo de una de las víctimas, de 13 años, quedó abandonado toda la noche.
La fiscal señaló que el juicio busca avanzar en la responsabilidad de Gendarmería, una fuerza menos investigada en causas de lesa humanidad, y en el reconocimiento de niños y niñas como víctimas directas, según estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El debate continuará durante mayo y se esperan alegatos hacia fin de mes. Minatta valoró el proceso como un paso más en la búsqueda de justicia.
En otro orden, la fiscal se refirió a una situación con el Registro Único de la Verdad de Entre Ríos, que se presentó como amicus curiae pero se retiró del juicio. El tribunal intimó al organismo a definir su continuidad, considerando su ausencia como una posible inconducta procesal.