Prestadores, padres y trabajadores de centros de atención se concentraron en la puerta de Casa de Gobierno en rechazo al nuevo proyecto de ley de Discapacidad presentado por el Ejecutivo nacional, que pretende modificar la emergencia aprobada en septiembre de 2025.
En la noche de este miércoles, prestadores, padres y trabajadores de Centros de Atención se concentraron en la puerta de Casa de Gobierno, en Paraná, en rechazo al nuevo proyecto de ley de Discapacidad presentado por el Ejecutivo nacional, que busca modificar la Emergencia aprobada en septiembre de 2025.
Con la participación de la diputada Blanca Osuna y la exsenadora Stefanía Cora, se leyó un comunicado nacional elaborado entre todas las partes afectadas, en el que se remarcó que la iniciativa representa un “profundo retroceso” en materia de derechos. “Este ajuste no solo es injusto, sino innecesario y recae sobre uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”, señalaron.
Cabe recordar que, a pesar de haber sido reafirmada en el Congreso la Emergencia aprobada, Nación no ha cumplido con la norma. Por ello, en el comunicado se remarcó: “No se puede reformar lo que nunca se garantizó en su totalidad”.
El reclamo también llegó al Gobierno de Entre Ríos. “Le pedimos que escuche, que se comprometa y acompañe esta lucha. Es una causa justa, humana y urgente. Es responsabilidad del Estado proteger a quienes más lo necesitan”.
En la provincia, la falta de presupuesto provocó el cierre de un Centro en Colón. Además, están en peligro de continuidad “Mundo Joven” y “San Francisco de Asís” de Paraná.
En diálogo con la prensa, la titular de Neurodiversidad San Benito, Nadia Gasparín, manifestó su decepción ante la presentación del proyecto por parte de Nación. “Lamentablemente el sábado nos desayunábamos con que ingresaba una nueva iniciativa que propone volver a las auditorías de las personas con discapacidad, lo que vuelve a denigrar y menospreciar a las personas con discapacidad, a querer que desistan de tener este recurso”, repudió.
Además, advirtió que el texto del Ejecutivo establece la eliminación del nomenclador de discapacidad. “Si lo eliminan se le da la potestad a las obras sociales, a las prepagas, a las obras sociales del Estado a determinar si te corresponde la prestación y qué valor tienen que pagar. De esta manera, los recursos de amparo dejan de tener valor. Además las familias quedan a la deriva porque los prestadores no van a querer trabajar”.
Asimismo, Gasparín criticó el artículo de la iniciativa que elimina la dualidad entre invalidez laboral y discapacidad. “Lo que trabajamos en las terapias es la autonomía de la persona, por lo que esto va a significar un retroceso de muchísimos años”. En ese sentido, agregó: “Una pensión no ronda más de los 300 mil pesos que hoy son nada prácticamente”.