La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones realizó una asamblea en Paraná para rechazar el proyecto de reforma previsional del Gobierno Provincial, con críticas al déficit y al desenganche de los haberes.
Este martes por la mañana, la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones convocó una asamblea en las inmediaciones del edificio de la institución, sobre calle Andrés Pazos, en Paraná. La actividad incluyó la junta de firmas contra el proyecto de reforma previsional impulsado por el Gobierno Provincial, con una concurrencia masiva de sindicatos y jubilados.
Durante la manifestación, se escucharon cánticos y bombos de las columnas sindicales. En reiteradas oportunidades, algunos presentes gritaron “Allende traidor” en referencia al titular de UPCN. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) negó haber consensuado con el Gobierno la reforma previsional, y señaló que “discutir no es apoyar”.
Dirigentes gremiales y representantes de los pasivos coincidieron en profundizar el plan de lucha en defensa de la Caja de Jubilaciones y de la Ley 8732. Advirtieron sobre un costo político para los legisladores que acompañen la iniciativa oficial.
El Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, afirmó: “No vamos a mover una sola coma al plan de lucha. Estamos recorriendo la provincia haciendo firmar a los compañeros; es impresionante la adhesión que conseguimos”. Ratificó una medida de fuerza en el departamento Feliciano y anunció una asamblea en el Ministerio de Salud para este miércoles.
El titular de la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER), José María Segura, sostuvo que “el proyecto del gobernador es dividir a la sociedad. Dice que el sector privado no tiene por qué sostener a los jubilados estatales. Eso es mentira, porque la sociedad entrerriana no está dividida”. Agregó que “la mejora de los salarios de los trabajadores, activos y jubilados, es el motor que aceita las ruedas de la economía de la provincia”.
La Secretaria General de la Asociación Personal Superior (APS), Alejandra Levrand, declaró: “No es cierto que los privados sostienen a los estatales. El presidente de la Caja argumentaba un 16% o 19% para fundamentar un déficit, pero no es solo ese porcentaje, sino que es ese porcentaje más el del empleador. Estamos hablando de un 38%”.
La vocal de los pasivos en el directorio de la Caja de Jubilaciones, Claudia Vallori, alertó sobre el impacto del proyecto: “Es mentira que no las van a tocar porque también va contra los jubilados porque nos desenganchan del activo. Estaremos atados a los aumentos que surjan de una fórmula que se aplica a través de la Anses para los jubilados de Nación”. Agregó que “para hacerle el cálculo de tu jubilación, se tomarán los 30 años de tu vida laboral. Nos van a correr de hambre porque bien sabemos que la carrera de cualquier trabajador comienza en una categoría baja y va ascendiendo”.
La presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE, Juana Ávalos, afirmó que “el poder adquisitivo ya se redujo con el decreto de junio de 2024, cuando nos quitaron el 3% de forma retroactiva. La Ley 8732 no se toca”.
El secretario de Jubilados de Agmer, Claudio Puntel, señaló: “Me preguntaba un periodista si este proyecto es legítimo. Claramente no lo es; no hay licencia social ni consenso para este saqueo”. Cuestionó al gobernador Rogelio Frigerio por su postura frente al “desguace del patrimonio público”.
El ex secretario general de Agmer, César Baudino, propuso alternativas impositivas: “En la Provincia hay plata y de sobra. El 50% de la renta entrerriana queda en manos de un sector minoritario, y a ellos hay que gravarlos. Por eso es muy importante el proyecto presentado por la Multisectorial como alternativa al ajuste”.
El secretario general de Agmer, Abel Antivero, defendió los métodos de protesta y adelantó acciones en el territorio: “Estamos en la calle, como dicen algunos, con tres bombas y haciendo ruido porque tenemos dignidad”. Anunció una jornada en Feliciano para recolectar firmas y fijar postura política. “Definimos señalar a los legisladores de cada departamento. Les da miedo que lo hagamos. Si esta reforma se llega a concretar, caerá sobre aquellos que voten en contra de los trabajadores la condena social cada vez que vayan a un almacén”, cerró.