Un informe del Observatorio de Violencia de Género (OVG) indicó que, entre 2023 y 2025, se detectaron 27 causas por falsas denuncias vinculadas a violencia de género en la provincia de Entre Ríos, sobre un total de 114 investigaciones por falsa denuncia.
El Observatorio de Violencia de Género (OVG) presentó los resultados de un relevamiento federal que cuantifica, por primera vez con datos oficiales de los Ministerios Públicos Fiscales, el impacto de las falsas denuncias y los falsos testimonios en Argentina. El estudio abarca el período 2023-2025 y recolectó información de 17 jurisdicciones, incluida la provincia de Entre Ríos.
Según los datos específicos de Entre Ríos, se registraron un total de 114 causas por falsa denuncia durante los tres años analizados. De este universo, la provincia logró clasificar el conflicto antecedente en el 67% de los casos. Al desagregar los motivos, el informe revela que solo 27 causas (un 24% de lo clasificado) correspondieron a supuestos de violencia de género o intrafamiliar. En contraste, 49 causas se originaron en conflictos de otra índole, como disputas patrimoniales, vecinales o laborales, mientras que 38 casos permanecieron sin datos suficientes para su categorización.
Estos números se alinean con el hallazgo estructural del informe a nivel nacional: sobre un total de más de 8 millones de investigaciones penales en las 17 jurisdicciones participantes, las falsas denuncias representan el 0,09% del total, es decir, aproximadamente una causa cada mil.
El informe del OVG utiliza estos datos para cuestionar la necesidad de reformas legislativas que busquen agravar las penas por este delito en contextos de violencia de género. El argumento central sostiene que el problema real es el subregistro de la violencia de género, citando estadísticas que indican que el 77% de las mujeres que sufren violencia de pareja nunca llegan a denunciar.
Finalmente, el relevamiento advierte sobre la falta de sistemas de gestión que permitan una discriminación eficiente de los datos, señalando que el déficit de información en los Ministerios Públicos es un problema estructural que no se resuelve con el aumento de penas, sino con una mejora en los registros y la inversión en políticas de justicia. (APFDigital)